La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló que la Consulta de revocación de mandato que se llevará a cabo el próximo 10 de abril, sea realizada con el presupuesto con que cuenta el Instituto Nacional Electoral (INE).

Ante el amague del INE de no colocar todas las casillas, debido a una falta de presupuesto, la corte determinó que no habrá consecuencias penales o administrativas para los consejeros por no cumplir la ley en la materia.

El máximo tribunal del país ordenó al INE organizar “de la manera más eficiente” este ejercicio democrático, pero “tanto como lo permita el presupuesto”.

El acuerdo publicado la noche de este miércoles, deslinda de algún tipo de responsabilidad penal o administrativa en contra de los integrantes del Consejo General de la autoridad electoral.
Esto debido a la falta de presupuesto que argumenta el INE, por lo que adelanta que no habrá la colocación de las 161 mil casillas.

“Se modifica la suspensión decretada el 10 de diciembre de 2021, solicitada por el Instituto Nacional Electoral, para que lleve a cabo el procedimiento de revocación de mandato de la manera más eficiente, tanto como lo permita el presupuesto que hasta el momento tiene programado; así como para que no se ejecute la resolución sobre algún tipo de responsabilidad penal o administrativa en contra de los integrantes del Consejo General de dicho Instituto, en los términos y para los efectos que se indican en este acuerdo”, detalla el acuerdo.

Con información de Milenio