¡Robo a la nación! Costaría menos tener a los presos en hoteles de lujo que en los penales de Calderón
Jasminia DP,
2 diciembre, 2022
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¡Así nos robaron!
Bajo la argucia de que había riesgo a la seguridad pública, en 2010 el gobierno del panista Felipe Calderón otorgó por “adjudicación directa” ocho contratos plurianuales a seis empresas privadas: ICA, Prodemex, Arendal, Homex, Tradeco y GIA, para construir y prestar servicios a ocho centros penitenciales en el país, lo que obliga al gobierno federal a entregar recursos públicos durante 22 años, hasta 2032, por 199 mil 476.6 millones de pesos, a razón de 9 mil 3 millones 418 mil pesos por año.
En informes de la Auditoría Superior de la Federación, entre 2011 y 2015 (últimos dos años del gobierno de Calderón y los primeros tres de Peña Nieto) se autorizaron 63 convenios modificatorios a los ocho contratos, lo que permitió que las empresas tuvieran prórrogas y canonjías para el diseño, construcción, instalación y equipamiento de los centros federales.
Los nuevos plazos y condiciones autorizados por Calderón y Peña a los grupos empresariales elevó el gasto del gobierno federal en un 42 por ciento, al pasar de 9 mil 3 millones de pesos anuales a 12 mil 774 millones 631 mil 220 pesos, lo que amplía el robo al erario federal hasta 281 mil millones de pesos.
Estos contratos implicaban que la estancia de un preso en los penales de Calderón costara hasta 5 mil pesos diarios. Con este dinero, a tarifas de diciembre de 2022, se les podría alojar en el hotel Hyatt Regency de la Ciudad de México, en habitaciones dobles con camas matrimoniales y sala, incluyendo baño con tina y agua caliente, jabón, shampoo, crema, pasta de dientes, pantuflas, bata, limpieza de habitación diaria por la mañana con preparación de camas por la noche, cambio de sábanas diario, televisión con cable, teléfono, servicio de Wifi gratis, alberca, gimnasio, servicio médico, llamadas de despertador, desayuno, comida, cena, acceso al centro de negocios, servicio de mensajería y estacionamiento con ballet parking para los familiares que los visitan.
De acuerdo el expediente, en el gobierno de Calderón el entonces secretario Genaro García Luna, en coordinación con el oficial mayor Sergio Montaño, “maquinaron un desfalco al erario federal a través de la realización de contratos con empresas privadas, con la promesa de disminuir los costos de administración en los Centros Penitenciarios y, a la vez, disponer de una mayor infraestructura para potenciar la capacidad de reclusión del sistema penitenciario federal, bajo el argumento de que el sector privado contara con más recursos para brindar mejores condiciones de alojamiento que permitieran, con menores costos económicos y sociales, contribuir a la reinserción, reservando al Estado la seguridad de los centros y la custodia de los internos, así como los servicios de salud”.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la actuación de esos servidores públicos configura los delitos penales de fraude genérico, administración fraudulenta, ejercicio ilícito del servicio público y daño patrimonial al Estado mexicano, pues quedó al descubierto que las seis empresas adjudicadas directamente subcontrataron a otras ocho empresas para construir y dar servicios a los penales, lo que deja en evidencia el supuesto riesgo de la seguridad pública al compartir con terceros información sobre la edificación y servicios de los penales, así como la adjudicación directa por ser un asunto de seguridad pública.
Los seis grupos empresariales beneficiarios con los ocho contratos son: Grupo Ingeniería Arquitectura (GIA), cuyo fundador y presidente es Hipólito Gerard Rivero, excuñado de Carlos Salinas de Gortari; Promotora y Desarrolladora Mexicana (Prodemex), de Olegario Vázquez Aldir, empresa que forma parte del grupo hospitalario Ángeles y que incluye a Grupo Imagen y al periódico Excélsior; Grupo Tradeco, que preside Federico Martínez Urmeneta, supuesto socio del expresidente Salinas y cuya empresa era de las consentidas con contratos por los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña; Grupo Homex, de Eustaquio Tomás de Nicolás Gutiérrez, exdueño del equipo de futbol Dorados y sujeto a investigación por autoridades fiscales de México y Estados Unidos por evasión de impuestos y fraude; Grupo Arendal, que preside Jesús García Pons y especializada en construcción ductos para la industria energética, y Grupo ICA (Ingenieros Civiles y Arquitectos), presidida por Bernardo Quintana Isaac.
Estas seis empresas subcontrataron a otras ocho para construir los Ceferesos número 11, Hermosillo, Sonora; número 12, Campo, Guanajuato; número 14, Gómez Palacio, Durango; número 17, Buenavista, Michoacán; número 15, Chiapas; número 16 femenil, Morelos; número 18, Ramos Arizpe, Coahuila, y número 13, Miahuatlán, Oaxaca.
