La red de Ruffo desempeñaba funciones específicas para coordinar la importación y distribución de combustible clandestino en México.
La Fiscalía General de la República (FGR) identificó al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, como uno de los presuntos líderes de una organización dedicada al llamado huachicol fiscal.
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Mediante este esquema se habría importado gasolina y diésel desde Estados Unidos declarando sólo una parte del combustible que ingresaba al país para evadir el pago de impuestos.
De acuerdo con la orden de aprehensión correspondiente a la causa penal 253/2026, consultada por Milenio, la red habría provocado un daño al erario superior a 166 millones de pesos por concepto de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) e Impuesto al Valor Agregado (IVA).
La investigación señala que la estructura estaba integrada por empresarios, representantes legales, accionistas, un agente aduanal y operadores corporativos que utilizaban diversas empresas para introducir hidrocarburos al territorio nacional.
¿Quiénes son los líderes de la red de huachicol de Ruffo?
Además de Ruffo, la FGR identifica como presuntos dirigentes de la organización a José Merino Valdés Cuervo, Guadalupe Hernández Hinojosa, Armando III Riestra Fernández y José Luis Rangel Martínez, quienes desempeñaban funciones específicas para coordinar la importación de combustibles por ferrocarril, administrar empresas, manejar recursos financieros y distribuir gasolina y diésel en México.
El expediente judicial, integrado por 465 páginas, ubica a Ingemar, S.A. de C.V. como la empresa principal del esquema.
Según la fiscalía, esta compañía promovió 38 pedimentos de importación que ampararon el ingreso de 156 ferrotanques entre abril y junio de 2025, mientras que otra empresa realizó dos operaciones adicionales relacionadas con otros dos carrotanques.
La FGR sostiene que el mecanismo consistía en subdeclarar el volumen de combustible en los pedimentos aduaneros.
Mientras la documentación reportaba alrededor de 10 mil litros por unidad, los dictámenes químicos y volumétricos concluyeron que cada carrotanque transportaba más de 100 mil litros de gasolina o diésel.
Con base en esos peritajes, la autoridad calcula que únicamente las operaciones realizadas por Ingemar dejaron de pagar 164 millones 261 mil pesos en IEPS e IVA.
A ello se suman 2 millones 205 mil pesos atribuidos a Servicios Aduanales JR, para un presunto quebranto total de 166 millones 466 mil 735 pesos.
De acuerdo con el Ministerio Público Federal, el combustible era adquirido a empresas estadounidenses, trasladado por ferrocarril hacia México, internado mediante pedimentos aduaneros y posteriormente distribuido a través de compañías que formaban parte de la presunta estructura empresarial.
Ernesto Ruffo, en la mira de la justicia
Como parte de las investigaciones, las autoridades aseguraron 33 carrotanques en Ramos Arizpe, Coahuila, con 3 millones 716 mil 254 litros de hidrocarburos.
Posteriormente, fueron decomisados otros 25 carrotanques en el patio ferroviario Sánchez, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que contenían 2 millones 873 mil 362 litros.
En total, los dos operativos permitieron el aseguramiento de 6 millones 589 mil 616 litros de gasolina y diésel.
Para sustentar la acusación, la FGR integró una amplia cantidad de pruebas, entre ellas actas constitutivas de empresas, registros del Registro Público de Comercio, pedimentos aduaneros, guías ferroviarias, dictámenes químicos y volumétricos, estados de cuenta bancarios, transferencias nacionales e internacionales e informes de vigilancia de la Policía Federal Ministerial.
Además de Ingemar, la investigación menciona de forma recurrente a Servicios Portuarios (Serport), Logística Ferroviaria Fargo, Internacional de Fundentes, Servicios Integrales y Desarrollos G.M.G., Crismon Hidrocarburos y Derivados, Lambrucar, Mapror de Hidrocarburos, Dragados y Puertos, así como a las empresas estadounidenses Ballast Partners LLC y L Energy International LLC.
La fiscalía también identifica a Guadalupe Hernández Hinojosa como probable representante legal, directora y gerente general de Ingemar; a José Merino Valdés Cuervo como socio y accionista; a Ricardo Thompson Ramírez como secretario del Consejo de Administración; a José Luis Rangel Martínez como apoderado legal de diversas sociedades, y a Juan Hermilo Chávez Rodríguez como el agente aduanal presuntamente vinculado con la internación de los cargamentos.
Con base en estos elementos, Alejandra Ramírez de la Vega, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, libró órdenes de aprehensión contra diversos implicados por los probables delitos de delincuencia organizada, contrabando y violaciones a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.
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