El PT argumenta que el actual procedimiento de lista de personas bloqueadas puede vulnerar derechos como la presunción de inocencia.
El Partido del Trabajo (PT) presentó una iniciativa para revertir la facultad otorgada a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que les permitía el bloqueo de cuentas bancarias sin orden judicial.
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La SCJN avaló la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda para introducir a alguien a la Lista de Personas Bloqueadas, sin orden judicial, cuando haya sospecha de actividad ilícita como lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
Los ministros de la Corte señalaron que esa facultad tiene un carácter administrativo y preventivo, sujeto a controles.
Actualmente, la UIF puede bloquear cuentas sin orden judicial en cumplimiento de solicitudes de agencias estadounidenses y en casos de investigaciones nacionales.
PT busca frenar a la UIF
La bancada del PT en el Senado promueve una propuesta que busca reformar la Ley de Instituciones de Crédito para establecer que la UIF no pueda congelar cuentas de manera unilateral.
La iniciativa fue promovida por los senadores petistas Alberto Anaya, Alejandro González Yáñez, Geovanna Bañuelos, Lizeth Sánchez, Yeidckol Polevnsky y Ana Karen Hernández.
El PT argumenta que el actual procedimiento de lista de personas bloqueadas puede vulnerar derechos fundamentales como la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho a la propiedad establecido en el Artículo 14 de la Constitución.
“Con este esquema, la UIF puede congelar una cuenta bancaria con base en meras sospechas, y es la persona afectada la que debe demostrar la licitud de sus operaciones para recuperar lo que ya le quitaron en los hechos, invirtiendo la lógica del proceso penal”, argumentó la iniciativa.
Los legisladores del PT señalaron que no buscan eliminar la capacidad del Estado para prevenir delitos financieros, sino fortalecer su legitimidad mediante la incorporación de un control judicial previo.
En ese sentido, advirtieron que el bloqueo de cuentas no puede tratarse como un trámite menor, ya que afecta directamente la vida económica de las personas.
La iniciativa propone que, mediante previa autorización judicial por escrito, se podrá introducir a una persona a la lista de personas bloqueadas cuando cuente con indicios suficientes de que se encuentra relacionada con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o delitos asociados.
La propuesta del PT deberá ser analizada en comisiones de la Cámara de Diputados y, en caso de aprobarse, pasaría a discusión en el Pleno.
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