La bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma al artículo 82 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), promovida por la legisladora Celeste Ascencio Ortega y que pretende que las organizaciones que reciban donaciones en forma directa o indirecta de gobiernos, asociaciones o empresas extranjeras deberán informar al Servicio de Administración Tributaria y a la Secretaría de Gobernación, desglosando el origen, monto y precisando el porcentaje que constituye de sus ingresos totales.

La reforma tiene la intención de que las llamadas “organizaciones de la sociedad civil” transparenten el origen y destino de sus recursos, sobre todo si estos provienen del extranjero, pues muchas de esas ONG se distancian claramente de lo que dicen defender o promover, para convertirse finalmente en cabilderos de intereses supra nacionales.

“Estas organizaciones se escudan en la protección de grupos vulnerables, el medio ambiente o la defensa de los derechos humanos”, sostiene, entre otras cosas, el proyecto en su exposición de motivos.

“De esta manera, lo que se busca es que haya total transparencia e información sobre el origen y monto de quien financia a estas organizaciones, particularmente cuando reciben recursos del extranjero”, sostiene la propuesta de reforma.

De esta manera, cuando las organizaciones reciban donaciones en forma directa o indirecta de gobiernos o corporaciones privadas de carácter extranjero no podrán realizar labores de cabildeo legislativo ni de litigio estratégico, y en caso de que contravengan esa prevención, “se les revocará la autorización para recibir donativos deducibles fiscalmente”.

“A través de este control se evita que las actividades de estas organizaciones se dirijan a influir indebidamente en las leyes mexicanas o que puedan estar judicializando decisiones en contra del gobierno, lo que constituye un claro acto de intervencionismo y neoliberalismo encubierto”, advierte la iniciativa.

“¿por qué debemos permitir que intereses extranjeros promuevan leyes o decisiones públicas en México? ¿Es legítimo que organizaciones civiles mexicanas se presten para ello y encima gocen de beneficios fiscales? O que haya grupos de conservadores que las financien y de paso obtengan un recibo deducible de impuestos. En suma, queremos acabar con un negocio donde intereses extranjeros y empresariales contratan a estas organizaciones y éstas simulan que defienden derechos humanos, cuando en realidad promueven una agenda antinacional y contraria al cambio verdadero”, cuestionó la diputada Celeste Ascencio durante la exposición de motivos.