¡Por fin se rompe el monopolio de medicamentos!
Ayer en las Cámaras de Diputados y de Senadores se aprobó en lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto, por el que se adiciona un párrafo al artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con el ya acostumbrado voto en contra de toda la oposición.
Con esta modificación a la ley, el gobierno federal podrá llevar a cabo adquisiciones de bienes y servicios en salud a organismos intergubernamentales e internacionales.
Esto significa que se puedan realizar compras directas de insumos médicos en el extranjero, sin tener que depender de las farmacéuticas corruptas, que han secuestrado los procesos de venta de medicamentos en el sistema de salud pública de México.
Las compras de insumos médicos del gobierno federal, ascienden a un monto de alrededor de 90 mil millones de pesos al año. Para darnos una idea, en años anteriores, solo dos empresas acumulaban el 80% de las ventas que se hacían al gobierno en este renglón.
Para entender el nivel de simulación y opacidad que se manejaba en estas empresas, solo hay que saber que una de ellas, le vendía al Seguro Social cerca de 60 mil millones de pesos anuales y solamente tenía un empleado registrado en el IMSS.
Esta situación generada por la corrupción institucionalizada en gobiernos pasados, impedía que el sistema de salud pública en México cumpliera con sus propósitos fundamentales.
La salud debe ser entendida como una garantía a los derechos humanos fundamentales y en una condición provista por las instituciones jurídicas y de sanidad de los respectivos órganos de Gobierno.
La nueva política de salud pública, debe contar con las herramientas necesarias para garantizar a los ciudadanos el acceso a la atención médica universal, efectiva, oportuna, gratuita y de calidad. Esto incluye el acceso a los medicamentos y tratamientos que preserven la salud y alarguen los años de vida saludable en la población; solo así, se cumple el requisito para hacer efectivo el derecho a la protección de la salud.
Resulta demencial, por decir lo menos, que el beneficio económico desproporcionado para unos cuantos traficantes de influencias, haya sido priorizado por encima del derecho a la salud de las personas, de tal manera que se llegó al grado de institucionalizar el coyotaje obligatorio en las ventas de medicamentos al gobierno, impidiéndole así cumplir con su función principal en materia de salud pública.
Con esta modificación a la ley de adquisiciones, el gobierno federal se sacude de encima a todas las sanguijuelas farmacéuticas, dedicadas a succionar el presupuesto de salud, y queda en libertad de salir de las fronteras a buscar los mejores precios y condiciones en las compras de insumos médicos, para que todos los mexicanos podamos acceder a ellos sin restricciones.
Por supuesto que esto no tiene contentos a los traficantes de influencias que se beneficiaban del negocio, ni a su grupo de coyotes disfrazados de empresarios que los rodean, les aplauden y les rinden pleitesía. Y qué bien.
Ahora, en las licitaciones internacionales que se convoquen, van a tener oportunidad de presentar propuestas que compitan con el mercado internacional. ¿O qué? ¿No es el libre mercado la ideología que les gusta defender en el discurso? ¡A competir corruptos!
Como dice el refrán popular: “Codicia desordenada trae pérdida doblada”