Paro del Poder Judicial provocó un daño económico de más de 6 mil mdp: Lenia Batres

El paro del Poder Judicial no solo provocó pérdidas económicas para los mexicanos, sino también casos de violencia y agresiones.

A través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), la ministra Lenia Batres ha dado a conocer los estragos del paro del Poder Judicial de la Federación (PJF). La funcionaria destacó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) deben asumir su responsabilidad y cumplir con sus obligaciones.

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Batres señaló que además de la pérdida económica, el paro del PJF registró actos de violencia y agresiones contra los simpatizantes de la reforma judicial, por lo que concluyó que la inacción continua por parte de la SCJN y del CJF parece ser parte de una estrategia deliberada que fomenta la violencia.

No obstante, hizo énfasis en que la voluntad popular ya había sido expresada en las urnas, por lo cual era deber de los poderes del Estado hacerla valer.

¿Cuánto costó el paro del Poder Judicial?

En un periodo de 34 días de suspensión de labores por parte de los juzgados de distrito y tribunales de circuito del Poder Judicial de la Federación, se ha generado un impacto económico estimado en 6 mil 419 millones 690 mil 084 pesos.

El PJF cuenta con un presupuesto anual de 78 mil 327 millones 278 mil 245 pesos, de los cuales, los tribunales colegiados de circuito y los juzgados de distrito destinan 68 mil 917 millones 261 mil 195 pesos. Esto implica que cada día de paro en estas instancias representa un costo de 188 millones 814 mil 414 pesos.

Como resultado, los 34 días de suspensión han ocasionado un perjuicio económico considerable para la ciudadanía, quien sigue cubriendo los gastos de un servicio que no ha sido prestado.

PJF dejó de garantizar el acceso a la justicia

Además del impacto económico causado por la suspensión de labores en el Poder Judicial, la paralización ha afectado gravemente el acceso a la justicia.

En este contexto, 440 mil juicios de amparo pendientes han sido abandonados, afectando a miles de personas que dependen de estos procesos para resolver sus situaciones legales.

La comparación de la actividad judicial entre agosto de 2023, cuando se resolvieron 113 mil 246 asuntos, y agosto de este año, en el que apenas se resolvieron 14 mil 081 asuntos, refleja una dramática disminución en la capacidad operativa de los juzgados y tribunales. Aún se está a la espera de conocer el corte correspondiente a septiembre, lo que podría agravar aún más el panorama.

Este paro no solo implica una afectación económica, sino también un retraso significativo en la impartición de justicia en todo el país.

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