Las impugnaciones de la elección judicial denuncian el uso de “acordeones” para votar, presunta injerencia y boletas mal diseñadas.
A través de agrupaciones que se presentan como “ciudadanas”, operadores políticos del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano buscan impugnar la elección judicial del pasado 1 de junio, en la que, por primera vez en la historia del país, el pueblo eligió directamente a ministros de la Suprema Corte, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y del Tribunal Electoral.
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La estrategia, según documentos obtenidos por el medio Polemón, consiste en desacreditar el proceso electoral, judicializar sus resultados y buscar revertir por la vía legal lo que no se pudo conseguir en las urnas.
Detrás de la narrativa de “elecciones limpias”, denuncian fuentes cercanas al proceso, se esconde el intento de preservar un modelo de justicia que ha garantizado impunidad durante décadas.
PRI, PAN y MC financian ONG’s que buscan tirar elección judicial
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha recibido una serie de impugnaciones presentadas por el autodenominado “Observatorio Judicial Electoral”, una plataforma compuesta por agrupaciones como Poder Ciudadano, Laboratorio Electoral, ProJuc, Consejo Nacional de Litigio Estratégico y Defensorxs.
Aunque se presentan como voces independientes, detrás de sus logos y discursos se encuentran asesores legislativos, operadores partidistas y rostros vinculados directamente a la oposición, principalmente a Movimiento Ciudadano.
Uno de ellos es Miguel Alfonso Meza Carmona, presidente de la organización Defensorxs. Aunque se presenta como activista, desde junio de 2022 funge como asesor de las bancadas de Movimiento Ciudadano en el Senado y la Cámara de Diputados, y cobra actualmente un sueldo mensual que asciende a 56 mil pesos, además de haber firmado contratos por cientos de miles de pesos más por “asesorías” legislativas.
De acuerdo con los registros obtenidos, Meza Carmona firmó un contrato por 240 mil pesos en diciembre de 2023, además de recibir un aguinaldo de 107 mil pesos por trabajos legislativos que incluían “análisis con perspectiva de género”. Actualmente mantiene un contrato vigente hasta agosto de 2025 por 451 mil pesos.
A la par de sus actividades como asesor parlamentario, Meza ha encabezado una cruzada mediática contra la elección judicial, con apariciones en medios como Reforma, Milenio y Radio Fórmula, donde denuncia supuestas irregularidades del proceso. Sin embargo, no cuenta con título profesional de abogado, como él mismo ha declarado.
Impugnaciones contra elección judicial estarían siendo financiadas con recursos públicos
El caso de Meza no es aislado. Otro de los principales impulsores de las impugnaciones es Arturo Espinosa Silis, director de Laboratorio Electoral, quien ha trabajado como asesor de gobiernos del PAN y se ha presentado durante años como un “analista técnico” en medios nacionales, sin declarar sus vínculos partidistas.
Las impugnaciones presentadas ante el INE superan las 300 páginas y están respaldadas por más de 200 pruebas documentales, en las que se denuncia el uso de “acordeones” para votar, presunta injerencia gubernamental y boletas mal diseñadas.
No obstante, las agrupaciones omiten señalar que los resultados no favorecieron a los cuadros tradicionales de la élite judicial históricamente vinculada con la oposición.
Lo más grave, aseguran analistas, es que la estrategia está siendo financiada con recursos públicos. Miguel Meza, por ejemplo, ha cobrado salarios y contratos como asesor legislativo de Movimiento Ciudadano al mismo tiempo que encabeza la impugnación judicial del proceso electoral, lo que supone una doble función con fines políticos encubiertos bajo una fachada ciudadana.
La derecha mexicana, aseguran observadores políticos, ha recurrido desde hace años a la simulación de “organizaciones independientes” para operar agendas partidistas. La estrategia contra la elección del 1 de junio sigue ese mismo patrón.
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