Obtiene amparo Mario Aburto para que se investigue presunta tortura para obligarlo a declararse culpable

Mario Aburto Martínez, sentenciado en octubre de 2004 a 48 años de prisión por presuntamente haber sido el “asesino solitario” del entonces candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Donaldo Colosio Murrieta, obtuvo un amparo, concedido por un juez federal, contra la omisión de la Fiscalía general de la República (FGR), para que ésta investigue los posibles actos de tortura aplicados al quejoso para obligarlo a declararse culpable del magnicidio.

Según las versiones oficiales, Aburto le habría disparado a Colosio en la cabeza, al terminar el evento en Lomas Taurinas, lugar ubicado en Tijuana, Baja California, el 23 de marzo de 1994.

Sin embargo, Mario Aburto alega que fue torturado y su familia amenazada, obligándolo a confesarse culpable del asesinato, por lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), tomó el caso y la defensa de Aburto interpuso el recurso de amparo, mismo que fue otorgado y que ordena a la Fiscalía General de la República (FGR) para que, en un plazo de seis meses integre y determine la averiguación previa tendientes a lograr el esclarecimiento por los presuntos actos de tortura que se habrían cometido en contra del promovente.

“La Justicia de la Unión ampara y protege a Mario Aburto Martínez. En el término de tres días, a partir de que sea notificada esta determinación, deberá emitirse un acuerdo en que remita la averiguación previa a la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura”, señala el documento.

El juez Antonio González García, titular del juzgado segundo de distrito de amparo en materia penal, otorgó la protección de la justicia federal a Aburto Martínez, quien reclamó que la autoridad ministerial no ha investigado los actos de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, y delitos vinculados en su perjuicio.

Y es que la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR incurrió en una dilación en la integración de la investigación pues, derivado del análisis de las constancias que remitió, se advierte que no cumplió con su encomienda constitucional de investigar los hechos denunciados, además de haber periodos injustificados de inactividad investigadora y por ende, “violentar derechos fundamentales como el derecho a la verdad y de tutela judicial efectiva”.

Y es por eso que, ordena el amparo, la unidad especializada deberá radicar la investigación remitida esta semana, a partir de que sea enviada la averiguación previa, y emitir un acuerdo en que precise detalladamente cuáles son los actos de investigación pendientes de desahogar y establecer un plan pormenorizado de la forma en que se dará seguimiento a la debida integración de la indagatoria y además, deberá inscribir a la brevedad al quejoso en el Registro Nacional del Delito de Tortura.