En estas últimas 2 semanas hemos vivido una gran dosis de ciudadanía participativa, así como hemos atestiguado el trabajo de nuestros representantes en las cámaras, porque, por un lado, acudimos a las urnas, a las que nos quiso poner el Instituto Nacional Electoral, acorde a sus rabietas y a según sus presupuestos, y a pesar de que sólo fueron 1/3 del total establecido en la última elección federal, en franca desobediencia a los dictados de la propia Carta Magna, más de 16 millones de ciudadanos acudimos a la invitación hecha por los mismos ciudadanos para estrenarnos en este ejercicio democrático, para saber qué significaba una solicitud de estas características.
Tan sólo una semana más tarde dedicamos 12 horas de atención a un debate en la Cámara de Diputados, en el que se discutió la reforma constitucional planteada a los artículos 4, 25, 27 y 28 de la Constitución Mexicana, en lo que se refiere a la electricidad como un derecho humano y por el que se determinarían, en términos generales, los 2 pilares básicos que son la seguridad nacional y la soberanía energética, así como garantizar que todas las personas tuvieran derecho al acceso a la electricidad y a los servicios que de la luz dependen.
También, que el servicio eléctrico sería universal y de interés público, evitando que fuera un servicio comercial para que se beneficiaran las empresas y los empresarios, sobre todo extranjeros, proponiendo que se redujeran las tarifas eléctricas que más beneficiarían a los mexicanos, porque se dirigirían al alumbrado público, al saneamiento y bombeo de agua potable, a la luz doméstica, a la electricidad que usan pequeños productores agrícolas y, para centros hospitalarios de salud, y educativos.
En la parte más técnica tenía como misión qué se ordenarán todas las actividades de generación, conducción, transformación, distribución y suministro de energía eléctrica; fortalecer a la Comisión Federal de electricidad como el órgano del Estado responsable del sistema eléctrico nacional, por ser el distribuidor de la transición energética y que estableciera también las tarifas eléctricas.
Buscaba ordenar de manera justa y equitativa a los privados que participan de la generación eléctrica con un límite de hasta 46%, salvaguardando el 54% restante a la Comisión Federal de Electricidad; también que las llamadas sociedades de auto generación y autoconsumo fueran disponibles para los hogares, las pequeñas y medianas empresas, los ayuntamientos y las organizaciones sociales sin fines de lucro.
Como la reforma se enfocaba en el artículo cuarto constitucional, ciertamente se dirigía asegurar la generación de electricidad a partir de fuentes de energía renovables limpias y eficientes, para ir reduciendo las fuentes de generación de gases con efecto invernadero, por lo que buscaba promover políticas científicas, tecnológicas e industriales que pudieran garantizar la transición energética con el respaldo de la banca de desarrollo y creando, al mismo tiempo empresas públicas, privadas y sociales de capital nacional.
Igualmente, fortalecer los compromisos internacionales de nuestra patria en relación con las acciones contra el cambio climático, generar ahorros a la Comisión Federal de electricidad por medio de la eliminación de instrumentos económicos, mejor conocidos como certificados de energía limpia, que únicamente tenían como beneficio la financiación de centrales eléctricas para las empresas privadas extranjeras, utilizando los medios de la propia Comisión Federal de Electricidad.
Y como detalle adicional buscaba asegurar y resguardar al litio y demás minerales estratégicos como elementos necesarios para la transición energética a un esquema soberano. Este último punto es sobre el que, finalmente, había que voltear en esta larga discusión de reforma energética.
Sin embargo, lo que vimos fue un desfile de plañideras que, a gritos y con voces falsamente quebradas, buscaban convencer (o convencerse entre ellos) de que esta reforma era mala por donde quiera que se le viera, aunque defectos no tenía. Aseguraban que una reforma así nos regresaba 50 años en el pasado porque buscaba estatizar los energéticos; porque ponía en peligro el esquema de entreguismo de nuestras riquezas a los particulares nacionales y extranjeros y, en franco cinismo, porque los pagadores de sus sobornos, verían disminuidas sus ganancias de manera sustanciosa y se ponía en peligro el monopolio que ellos quieren establecer.
Estos lloradores profesionales, aunque bastante chafas, cumplieron el rol por el que les pagaron. Hicieron eso, a lo que se comprometieron, que no fue otra cosa que defender los intereses de los particulares de esos que se beneficiaron a partir de la Reforma Energética de 2013, por la que empresas como Iberdrola, Enel o Naturgy lograron corromper la noción de auto abasto que ciertas empresas podían alcanzar por el tipo de Industria que generan, hacer una maraña de diablitos modernos e inalámbricos, por los que más de 70,000 grandes usuarios lograron colarse al esquema de autoabastecimiento por la módica cantidad de un dólar.
Cambiando un poco la idea peyorativa de este dicho, queda perfecto decir que no tiene la culpa el saqueador, sino el que le abre las arcas. Y sin quitarle del todo la culpa a estos empresarios que enviaron a sus cabilderos a convencer a nuestros “legisladores” para que votaran en conservación de sus privilegios, son los representantes populares los que desgarraron este pacto por el que llegaron a ocupar las curules nacionales y se convirtieron en una manga de traidores a la patria por mérito propio.
Orondos, burlones y cínicos anunciaron su negativa a votar esta reforma. Como un mantra repitieron sin parar “no pasará”; mandaron emisarios a reírse de la gente, de sus propios votantes que exigían apoyar esta reforma a pesar de militar en los partidos de la hoy oposición: PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, porque a pesar de las largas horas y más grandes textos de desinformación, los mexicanos de hoy son cada vez más ciudadanos de tiempo completo, y acudieron a foros, y leyeron y escucharon las discusiones del Parlamento Abierto, porque los últimos 7 meses se produjo una gran cantidad de espacios de información abierta a ciudadanos de cualquier ideología, porque lo que se buscaba era explicar las razones y necesidades de una reforma que nos protegiera a nivel constitucional con la finalidad de mantener nuestros productos minerales de manera exclusiva al servicio de los mexicanos, y eventualmente protegernos ante vaivenes internacionales o una mengua o encarecimiento de estos productos, y más aún, de la explotación rapaz que extractores de otras naciones han hecho sistemáticamente de las riquezas de países con menos desarrollo industrial y de la que, bien lo sabemos, México ha sido objeto.
La industria minera canadiense, británica, estadounidense o china han saqueado por siglos, tierras mexicanas.
De los 500 diputados, #NosSobran223 porque en esta discusión no representaron al pueblo, sino que como partidos amagaron a sus miembros en el Congreso para que votaran en bloque, suponiendo que su negativa servía para atacar al presidente y ahí brotaron los más diversos y pueriles adjetivos para insultar, para mentir descaradamente, para convencerse de que votar en negativa justificándose por la casa gris, o por los precios de la gasolina y la luz que no han bajado (porque aún seguimos rigiéndonos con la mal llamada reforma de 2013, la de Peña Nieto) era la mejor forma de resultar heroicos.
Hacer aquí un resumen de lo ocurrido en casi 12 horas de debate es imposible -casi-; sobre todo porque los buenos argumentos se escucharon fuerte y claro, y se les explicó hasta el cansancio que un buen resultado legislativo sirve para proteger a los ciudadanos, no al empresario explotador. Pero estos zopencos, muy probablemente maiceados, votaron felices, seguros de que el pueblo olvida y que más tarde o más temprano no recordaremos quiénes son ni la afrenta que representa su infamia legislativa. Y también apostaron a que no sabríamos que la negativa, en realidad, tenía un doble fondo, y este era el de dejar a la deriva el tema del litio.
Como en un juego de ajedrez, el Presidente López Obrador había advertido con anticipación este resultado como una de las posibilidades y, por ello, tenía preparada la reforma a la Ley Minera que propone la determinación de que el litio y los demás minerales que resulten a partir de hoy, estratégicos para la transición energética de nuestro país, se considerarán patrimonio de la nación (como bien lo señala la Constitución Federal, pero que ha venido a convertirse en letra muerta porque los anteriores tenedores del poder abrieron las arcas a cualquier ladrón); y por ello, se hace hincapié en que el beneficio exclusivo de estos materiales es reservado para México en su exploración, explotación y aprovechamiento.
Hace hincapié en la negativa a otorgar concesiones, licencias, contratos, permisos o asignaciones en materia de este elemento. Para ello, se ordena la creación de un organismo público descentralizado que ejecute las tareas de exploración, explotación y aprovechamiento del litio, así como para hacerse cargo de la administración y control de las cadenas de valor económico.
Esta ley es una especie de escudo de protección para este mineral considerado estratégico en el mundo, ante los posibles conflictos geopolíticos y de especulación en los mercados, ya que es un elemento indispensable en la elaboración de baterías recargables que hoy son la parte vital de cualquier dispositivo móvil como computadoras portátiles, teléfonos celulares, cámaras digitales o vehículos eléctricos, para empezar.
El proyecto de esta ley también estuvo a disposición de los diputados por varios meses, aunque el lunes vimos que ellos, ondeando sus banderas: la pagada, con la que dicen cualquier cosa que sus amos les ordenen, o la de la ignorancia, ya que sugirieron que no podían votar una ley “fast track”, porque no conocían su contenido, se salieron de la sesión antes de la votación. Por tanto, la mayoría de los diputados, 265, avalaron la ley y la enviaron al Senado.
Pero para traidores, no solamente esos 223 diputados. También, salvo algunas excepciones, encontramos seres de esta descripción en la Cámara de Senadores, y, aunque con mejores maneras, también hubo tribunos que fueron a contar fábulas y mentiras para negarse a aprobar esta reforma minera. Con todo y todo, fue ligeramente menos farragosa la lloradera de los opositores, pues escuchamos algunos posicionamientos que parecían tener más razón para oponerse y promovieron respuestas de altura con preguntas bien hechas, aunque nunca falta que el pelo en la sopa y tuvimos que sufrir con intervenciones de las siempre nefastas senadoras panistas cuya única misión es brillar por su ignorancia y su clasismo.
Pero como decía mi jefa, la victoria del domingo le duró a la oposición, lo que al pobre la alegría, porque a fin de cuentas una ley secundaria no requiere las 2/3 partes de la Cámara de Diputados para su aprobación y con 86 votos a favor, 20 en contra y 16 abstenciones, México logró asegurar la soberanía y la seguridad del litio.
Hoy somos miles, si no, millones de mexicanos que reclamamos por los pésimos oficios de estos decididos traidores a la patria, porque una cosa es no estar de acuerdo y argumentar proponiendo, y otra muy diferente, es ver los negándose a todo, aunque en esa negativa vaya incluido su propio futuro.
Los invitamos al pase de lista que hacemos todos los días en las redes sociales para que se sumen a él. Es necesario conocer el rostro y el nombre de quienes hoy dejaron de representar al pueblo para ser abiertos mandaderos de los empresarios que tienen el lucro como única finalidad.
Muchas gracias y hasta la próxima
