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Luego de que la suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decretara como “totalmente improcedente la pretensión de inconstitucionalidad” de la Ley de la Industria Eléctrica, que entró en vigor el 9 de marzo de 2021, pero había sido impugnada, el Gobierno de México anunció este viernes la revisión y revocación de los permisos de autoabastecimiento en electricidad que sean considerados ilegales.

“Se revisarán y revocarán los permisos de autoabastecimiento encuadrados en la grave irregularidad del fraude a la ley. Existen 234 autoabastecimientos, de los cuales 110 son ilegales y tienen 77 mil socios-clientes, ya que se compra-venden energía eléctrica y capacidad”, indicó la Presidencia de la República, mediante una tarjeta informativa.

De igual manera, los ministros de la SCJN desecharon por completo el argumento de algunos senadores de oposición, en el sentido de que “la reforma es violatoria del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y otros tratados de libre comercio”.

“Los pronunciamientos establecidos por la Corte en favor de la constitucionalidad de la reforma deben ser tomados en consideración por los jueces de distrito y los tribunales colegiados que tiene a su cargo los amparos promovidos por las empresas privadas. El presidente de la Corte dictará un acuerdo en ese sentido“, agrega el comunicado de la Presidencia.

La claridad y precisión de la determinación de la SCJN tiene consecuencias favorables para el estado y para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pues “la CFE integra centrales eléctricas que fueron dadas de baja, así como centrales eléctricas recientemente construidas o que se construyan en un futuro” y ahora podrá “celebrar contratos de cobertura eléctrica con compromisos de entrega física, lo que significa que podrá hacer un despacho de sus propias centrales a través de un programa fijo de generación”, por lo que las 60 hidroeléctricas del país, que aportan 12 mi 125 megawatts, lo que representa un 10 por ciento de de la generación, podrá llegar hasta el 18 por ciento.

Así mismo, se rompe el monopolio del “despacho preferente” que mantenían los generadores privados de electricidad, ya que “el acceso a las redes eléctricas solo será posible cuando esto resulte técnicamente factible. A partir de ahora se detiene el otorgamiento de permisos por parte de la CRE sin sustento técnico”, pero además ahora el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) usará su facultad para decidir el despacho de las centrales eléctricas en función de la “confiabilidad, calidad y continuidad del sistema eléctrico nacional”.

La tarjeta informativa anunció que se “revisarán y revocarán los permisos de autoabastecimiento encuadrados en la grave irregularidad del fraude a la ley” y también “se revisará la legalidad y rentabilidad financiera para el Estado de los contratos de producción independiente, los cuales en su caso deberán ser renegociados o terminados anticipadamente. A estas centrales de producción independiente se les paga el 100 por ciento de la energía por parte de CFE, aunque no se entregue”.

Así, el Gobierno mexicano aseguró que “se termina el negocio heredado donde se benefició a la inversión privada extranjera”, el abuso que empresas como Naturgy, Mitsui, Saavi, Enel o Iberdrola, tenían con los contratos de autoabasto y el despacho preferente.