Durante la gestión de Labastida el Ejército Mexicano tuvo que desarmar a la policía local por sus lazos con el narcotráfico.
La reaparición pública de Francisco Labastida Ochoa ha reactivado un debate de larga data sobre su gestión al frente de Sinaloa (1987-1992). Aunque el exmandatario sostiene que durante su administración se combatió al crimen organizado, periodistas y antecedentes históricos consultados por el medio Sin Embargo Mx apuntan a episodios de colusión, omisiones y redes políticas que habrían permitido la penetración del narcotráfico en las instituciones estatales.
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Durante el gobierno de Labastida, diversos funcionarios de seguridad fueron señalados por vínculos con el narcotráfico.
Exfuncionarios ligados al narco marcaron el sexenio de Labastida
Entre ellos, Arturo Moreno Espinoza, Enrique Corza Marín y Robespierre Lizárraga Coronel, quienes fueron detenidos en 1989 por la entonces Procuraduría General de la República por presunta colaboración con Miguel Ángel Félix Gallardo, considerado uno de los principales capos del país.
Estos hechos no pasaron desapercibidos a nivel internacional. En 1998, cuando Labastida fue nombrado secretario de Gobernación por el presidente Ernesto Zedillo, un informe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) lo vinculó indirectamente con la protección al narcotráfico desde su etapa como gobernador. Aunque no se formalizaron acusaciones judiciales en su contra, el documento alimentó la percepción de complicidad institucional.
Además, episodios como el desarme de la Policía Municipal de Culiacán por parte del Ejército en 1989 evidenciaron una crisis de seguridad interna. Mientras Labastida se encontraba fuera del estado, fuerzas federales intervinieron ante sospechas de infiltración criminal en corporaciones locales.
Periodistas reviven acusaciones de narcopolítica en Sinaloa
Periodistas sinaloenses han cuestionado la narrativa de Labastida sobre su gestión. Marcos Vizcarra y Silber Meza coinciden en que el exgobernador mantiene una “memoria selectiva” respecto a los vínculos entre autoridades y crimen organizado.
Vizcarra ha documentado que durante ese periodo hubo acuartelamientos de policías investigados por nexos criminales, mientras que Meza sostiene que en Sinaloa ha sido históricamente difícil ejercer el poder sin algún tipo de relación con grupos delictivos.
El periodista Ismael Bojórquez también recordó que, aunque no se ha probado una relación directa de Labastida con narcotraficantes, sí existieron fuertes indicios en su círculo cercano.
Estas observaciones se suman a un contexto más amplio en el que distintos gobernadores de Sinaloa han sido señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Malova, el ahijado incómodo de Labastida
Uno de los puntos más controvertidos es la relación de Labastida con Mario López Valdez, a quien impulsó políticamente desde su etapa en el Senado. Malova, quien gobernó Sinaloa entre 2011 y 2016, ha enfrentado múltiples señalamientos de presunta cercanía con el crimen organizado.
De acuerdo con investigaciones periodísticas, su campaña habría contado con respaldo de actores vinculados al narcotráfico, y durante su administración se registraron episodios delicados, como la difusión de videos de su escolta Frank Armenta, quien lo acusó de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa antes de ser asesinado.
Además, figuras como Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, conocido como “Chuy Toño”, jugaron un papel clave en el aparato de seguridad estatal, con antecedentes de presunta protección a grupos criminales. Este personaje inició su carrera durante el gobierno de Labastida, lo que refuerza las críticas sobre la continuidad de redes de poder.
Aunque Labastida insiste en deslindarse de estas acusaciones, periodistas consideran que su respaldo a Malova y a otros actores políticos evidencia una cadena de complicidades que ha marcado la historia reciente de Sinaloa
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