La democracia, según ‘San Lorenzo’

Por José García Sánchez     

@Josangasa3

Es tradición que los consejeros electorales, una vez concluida su larga y prolongada vida dentro del INE, abran sus ong’s, sus consultorías o simplemente despachos de asesoría electoral.

Más que un acto de sobrevivencia donde invierten los millones de pesos que les regala el instituto por su salida, se trata de sembrar a lo alto y ancho del país, principalmente en la Ciudad de México, una misma línea electoral que identifica al INE desde que era un imberbe IFE.

Diversas organizaciones de la sociedad civil y colectivos han hecho un llamado al Senado de la República como a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a rechazar la modificación de reforma electoral planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, conocida como “Plan B”; todas esas organizaciones y supuestos representantes de la sociedad civil tienen en su ADN, por lo menos, a un ex consejero electoral.

No faltará consultoría a donde vaya a refugiarse Lorenzo Córdova después del 4 de abril cuando deje el INE y dedique su tiempo de lleno al protagonismo y la militancia política de derecha, en ese orden. La democracia para ellos es como una especie de evangelización que imponen a sangre y fuego y quieren imponer a la gente la vieja idea de igualdad, equidad, derechos y justicia social.

Lo que llama la atención es que, en su paso por el INE, adoptan un concepto de democracia muy similar, conservador, anacrónico, rancio, que de tan viejo toca en sus extremos al fascismo.

Los organismos convocantes son el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, que lo integran, entre otros Ciro Murayama, Jacqueline Peschard, José Woldenberg, y por si fuera poco, también se encuentra el sobrino de Miguel del Madrid, Ricardo Raphael de la Madrid y Raúl Trejo Delarbre.

La Asociación Mexicana de Derecho a la Información, que tiene entre sus colaboradores a José Woldenberg, Raúl Trejo Delarbre, Carmen Aristegui, entre otros.

Ocupa, ligada a la transnacional Transparencia Mexicana y Nosotrxs, ésta tiene entre sus colaboradores a Juan Villoro, Ricardo Raphael, Mauricio Merino, Katia D’Artigues, etc.

Causa en Común, es otro de los organismos convocantes que dirige la odontóloga María Elena Morera, cuyo hijo Juan Pablo Galindo Morera, trabajó con Genaro García Luna, en la Policía Federal, desde 2008, con un salario de 40 mil pesos; Morera se ha vinculado con grupos de derecha o abiertamente opositores al actual régimen, como la familia Le Barón de Chihuahua, dedicada a robarle el agua a los tarahumaras.

Otra de las organizaciones convocantes es México Unido Contra la Delincuencia, que encabeza Lisa Sánchez, quien trabajó en el sexenio de Calderón en la SEP.

Faltaron dos organizaciones importantes, que disfrazan su activismo político de consultoría a empresas, partidos y políticos como Integralia Consultores, que encabeza nada menos que el ex presidente consejero que permitió en 2006 el fraude electoral de Felipe Calderón, Luis Carlos Ugalde.

Otra consultoría que seguramente hubiera comulgado con la posibilidad de tumbar la reforma electoral, es la desaparecida Consultoría Demos, que fundara al salir del INE como consejera, la ex presidenta del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanís, declarada mujer del año por Enrique Peña Neto, en sociedad con el recién salido del INE, Marco Antonio Baños Martínez.

El motivo de su convocatoria no es un golpe de estado como todos podrían pensar, sino su “preocupación”, porque una reforma electoral, según ellos, no debe ser votada por simple mayoría en el Congreso durante las siguientes semanas; es decir, quieren mayoría calificada, o sea dos terceras partes de los legisladores, lo cual significa echar para atrás la modificación a leyes electorales secundarias, que legalmente soportan las que son calificadas como Plan B.

Argumentan los golpistas que estos cambios atentarían contra la ‘limpieza’ de las elecciones y la autenticidad del sufragio, como si anteriormente les hubiera preocupado esta parte del proceso electoral.

En su delirio contra la reforma electoral argumentan falsamente que se busca desmantelar la estructura del INE, ya que se despedirá al 85% de trabajadores especialistas en organización electoral, se reducirán los instrumentos de fiscalización al dinero de los partidos y campañas, se restarán atribuciones al arbitraje electoral, aunado a que permitirá la intromisión de los gobiernos durante las campañas. Ya se aclaró que no habrá despidos.

Sin duda, desde que el INE era IFE, los consejeros electorales tienen su muy singular forma de hacer política, sin que esto tenga que ver con la democracia. Defienden los privilegios y todos los estados sociales del conservadurismo, su propia historia los señala en ese lado de la historia, y al mismo tiempo, los aleja de la población y de la equidad que toda sociedad debe guardar en una verdadera democracia.

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