El juez habría determinado que la pandemia de covid-19 impedía a Salinas Pliego cumplir con el pago de su deuda en Estados Unidos.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) informó que el juez Miguel Ángel Robles Villegas, acusado de emitir resoluciones favorables a empresas de Grupo Salinas, ya no forma parte del Poder Judicial de la Ciudad de México.
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Robles Villegas había sido ratificado por el extinto Consejo de la Judicatura como titular del Juzgado Sexagésimo Tercero Civil a partir del 1 de octubre de este año.
Sin embargo, perdió su cargo en la elección judicial realizada en julio pasado, lo que dejó sin efecto el acuerdo que lo blindaba por seis años más.
De acuerdo con testimonios, el exjuzgador presentó una licencia prejubilatoria el 29 de agosto, antes de que se concretara su ratificación.
Juez que favoreció a Salinas Pliego está inactivo
Robles Villegas laboraba en el Juzgado 63 Civil de la Ciudad de México, donde emitió resoluciones que beneficiaron a empresas vinculadas a Ricardo Salinas Pliego.
Una de ellas fue la determinación de que la pandemia de covid-19 constituía un caso de fuerza mayor que impedía al empresario cumplir con el pago de intereses relacionados con una emisión de bonos en Estados Unidos.
Al ser consultada sobre el tema, la magistrada Rosalba Guerrero Rodríguez confirmó que el juez estuvo adscrito al juzgado civil que se extinguió y posteriormente fue asignado a un tribunal de oralidad mercantil.
Sobre su labor, aclaró que no conocía a detalle su desempeño y que solo convivieron en el equipo de fútbol de jueces y magistrados, del cual ella es directora y él fue jugador.
TSJ reserva nombres de jueces no electos
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México mantiene en reserva los nombres y montos de indemnización de los jueces que no resultaron electos o renunciaron durante la reciente elección judicial.
El órgano justificó esta decisión bajo el argumento de que, con la reforma a la Ley del Poder Judicial local, se eliminó la Oficialía Mayor, que era la encargada de administrar esa información, lo que genera una “imposibilidad material y jurídica” para responder a solicitudes de transparencia.
La reforma aprobada en el Congreso capitalino establece un plazo de 180 días naturales para que las nuevas áreas administrativas entren en funciones.
Con ello, la información sobre indemnizaciones y bajas en el Poder Judicial podría hacerse pública hasta marzo de 2026.
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