En una medida profundamente antidemocrática y que atenta contra el derecho a la libre asociación de varios gobernadores y legisladores de Morena, así como a la libre manifestación de las ideas, el Instituto Nacional Electoral (INE) emitió nuevas medidas cautelares en su contra, por haber que participado en un mitin en Coahuila, por considerarlo como un “posible” acto anticipado de campaña, en respuesta a la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) este martes, para que se abstengan de organizar o participar en subsecuentes actos.

Aunque la Comisión de Quejas y Denuncias del árbitro electoral anteriormente había emitido una tutela cautelar preventiva contra 30 morenistas, entre los que incluía al Presidente Andrés Manuel López Obrador y al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se vieron obligados, por órdenes de la Sala Superior del Tribunal Electoral, a quitar al mandatario y al canciller, así como a otros 13 morenistas.

“Mientras que se revocó la decisión de dictarles la medida de tutela preventiva a 24 servidoras y servidores públicos, porque no fueron denunciadas y/o no participaron en el evento de Coahuila, y se ordenó a la Comisión de Quejas emitir un nuevo pronunciamiento donde, respecto de tales personas servidoras públicas, precise las razones particulares que, en su caso, justificarían las medidas cautelares preventivas o inhibitorias”, señala el INE.

Las arbitrarias medidas afectan los derechos políticos fundamentales de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo; el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López; el Senador Ricardo Monreal; la secretaria general de Morena, la Senadora Citlalli Hernández; la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar; de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; de Tabasco, Carlos Manuel Merino, así como los gobernadores electos de Tamaulipas, Américo Villarreal y de Quintana Roo, Mara Lezama; para los diputados Sergio Gutiérrez Luna, Mario Llergo y Andrea Chávez.

La consejera presidenta de la Comisión, Adriana Favela justifica la decisión con vaguedades y suposiciones, expresando que “La Sala Superior dice que efectivamente podrían existir alguna circunstancia que pudieran ser considerados actos anticipados de campaña, y entonces hay que poner por encima los principios que rigen los procesos electorales por cualquier otro derecho que pudiera tener una persona en particular”.