INAI planea discutir en qué gastará presupuesto previo a su extinción

El pleno del INAI analizará de manera extraordinaria el uso de los recursos económicos y tecnológicos con los que cuenta el organismo.

Los integrantes del pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se reunirán de manera extraordinaria para decidir en qué y dónde se destinarán los recursos económicos que aún están en posesión del instituto así como de las herramientas tecnológicas que están al servicio de la ciudadanía.

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Fue el pasado 20 de diciembre del presente año que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones constitucionales en materia de simplificación orgánica, con lo cual se formaliza la extinción de siete organismos autónomos.

Las instancias extintas son son la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones; en tanto, hay distintas características de término para el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); la Comisión Reguladora de Energía; Comisión Nacional de Hidrocarburos, el Coneval y para la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación.

En dicho decreto se establece que los ahorros que se generen con la desaparición de los organismos autónomos se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar en “términos de la legislación aplicable”.

INAI planea sesión para discutir qué hacer con presupuesto

Sin embargo, el propio pleno del INAI debe discutir cómo se efectuará el presupuesto restante del organismo de transparencia para funcionar en cuanto se ejectura su extinción, la cual se preve será de 90 días. Una prioridad, de acuerdo con la comisionada Julieta del Río, será mantener el funcionamiento y seguridad de la Plataforma Nacional de Transparencia.

“Debemos revisar cuidadosamente lo poco que tenemos y no dejar inoperante la plataforma”, señaló la comisionada en la plataforma X.

Y es que el instituo cuenta actualmente con un presupuesto cerca de 500 millones de pesos que deberá usar para operar en tanto se expiden las leyes secundarias con las que se concretará el traslado de sus funciones a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

Además, Julieta del Río informó que los integrantes del pleno buscan convencer al gobierno federal de mantener en funcionamiento la plataforma digital de transparencia nacional que está al servicio de la ciudadanía. Asegurando que esta sirve para que los ciudadanos puedan exigir a las autoridades la rendición de cuentas.

Finalmente, la comisionada también afirmó que también están buscando un acuerdo para permitir que los recursos estén pensados para las y los trabajadores ya que en las propias leyes secundarias no se establece un camino de cómo serán trasladados los empleados a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno o si habrán indemnizaciones por finalización de relación laboral.

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