Las cartas sobre la Mesa, por Laura Cevallos
@cevalloslaura
Este martes 21 de febrero de 2023 a las 11 horas, tiempo local de la corte del distrito este, en Brooklyn, Nueva York, el jurado compuesto por 6 hombres y 6 mujeres de quienes se reservó la identidad por tratarse de un asunto de altísimo nivel, concluyó que los 5 cargos por los que la Fiscalía había acusado a Genaro García Luna, sí representaron un peligro real para la seguridad de los Estados Unidos y su pueblo, por lo que unánimemente declaró su culpabilidad en su comisión. Estaremos en espera de ver que a mediados de junio se dicte la sentencia con la que la justicia norteamericana castigará a Genaro García Luna, el súper policía de los sexenios de Fox y Calderón, con lo que se cerrará un segundo capítulo en materia de juicios ligados al crimen organizado de más alto perfil en nuestro país, que operó al menos desde los años 70 y hasta el sexenio de Peña Nieto, con la máxima protección que podían comprar con el dinero mal habido por narcotráfico, o sea, por los jefes del gobierno del estado mexicano y sus secretarios de estado, fiscales, jueces, ejército, policías y cualquier cantidad de funcionarios por debajo de las altas cúpulas.
Después de 6 semanas de testimonios, a los jurados les tomó unas cuantas jornadas de deliberación en que revisaron testimonios de narcotraficantes sentenciados en Estados Unidos y que declararon haber sido cómplices y socios de Genaro García Luna; que señalaron la manera en que pagaban a medios masivos de comunicación para limpiar la imagen que tenía el secretario de seguridad pública ante la opinión ciudadana y que hiciera parecer que las masacres ocurridas en las calles entre 2 bandos de sicarios, eran producto de una guerra emprendida desde el gobierno para acabar con el tráfico de sustancias y todos los crímenes que se involucran en este terrible delito.
Fox predijo que se iba a librar “la madre de todas las batallas”, refiriéndose a que se cambiarían las reglas del juego y que, a partir de su sexenio ya no se pactaría como siempre se hizo, con el crimen organizado, sin embargo a escasas 3 semanas de haber tomado posesión como presidente legítimo, hoy el Chapo Guzmán, a quién podríamos darle crédito por ser el “Houdini de las prisiones federales en México”, salió en un operativo que, sospechosamente nadie podía imaginar que ocurriría en un penal federal de máxima seguridad como era el de Puente Grande en Jalisco, y esa fuga le permitió a Fox obtener su primer coima de 20 millones de dólares, y al mismo tiempo aceptar la comisión continua de muchos otros delitos cometidos por familiares y socios del referido narcotraficante.
Como funcionario, García Luna siempre se mantuvo en puestos donde la información era el valor de cambio por el que se permitió que delincuentes de cuello blanco o de manos ensangrentadas hicieran enormes fortunas al cobijo de la más amplia protección que la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), la Policía Judicial (PJ), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Secretaria de Seguridad Pública, podían brindar, y que a cambio de favores y dinero se mantenían libres de toda investigación.
García Luna fue espía de miles de personas de los ámbitos político, económico, periodístico o judicial de este país, y con esa información aunada al enorme poder que fue adquiriendo se sabía inalcanzable e intocable en investigaciones donde él pudiera figurar como protagonista. Vamos, que era un criminal consumado, pero tarado, ni un ápice. Y desde luego, era imposible que su nombre estuviera involucrado en cualquier acto de tipo criminal o corrupto, porque, a menos que tengas 5 años te puedes creer el cuento de que alguien podía tener evidencia de fotos, videos o papeles firmados por “los favores recibidos”.
Es evidente que no se le puede vincular a él, a sus subalternos o a sus superiores con firmas de papeles en que pudiera demostrarse el desvío de dinero del erario público, o el envío de cargamentos de droga, armas, dinero o cualquier otro relacionado a las actividades ilícitas del crimen organizado, porque simplemente su sistema contable es un poquito diferente al de la secretaría de hacienda; diverso, digamos.
La fiscal Saritha Komatireddy, que presentó estos 5 cargos contra García Luna no buscaba en ningún momento hacer justicia a favor de México. En todo momento las alegaciones fueron por el daño a la seguridad pública del pueblo de Estados Unidos y por violar la confianza de las autoridades norteamericanas, y a pesar de que debemos celebrar que se haya demostrado la culpabilidad del ex secretario de seguridad pública, más allá de toda duda razonable, la felicidad no nos restaura a los miles de muertos y desaparecidos; a los miles de culpables fabricados, a los torturados, a los desplazados de sus comunidades y de México a causa de esta violencia generalizada, sobre todo en el sexenio de 2006 a 2012. Esa felicidad tampoco alcanza para que se vincule a las decenas de miles procesos que debieran estar judicializadas en México, en contra de García Luna y de sus “partners in crime”, porque no se juzgó directamente al sexenio y a sus funcionarios, sino al narcotraficante que desde el poder conspiró para cometer delitos contra la salud en cuatro modalidades de tráfico de cocaína y delincuencia organizada, además de el de haber mentido a la autoridad para obtener la ciudadanía norteamericana.
El abogado César de Castro, a quien desde luego se le ha aposcaguado reputación, tuvo acaso un triunfo, que consistió en evitar que se tomara en cuenta el enriquecimiento ilícito del funcionario después de dejar el cargo de funcionario; o sea los cientos de millones de dólares que la actividad de espionaje vendida al gobierno mexicano durante el peñanietismo, fueran tomados en cuenta, pues su argumento era que ese dinerito lo había ganado de manera lícita y para burlarse bastante de la inteligencia de los jurados, el juez, la audiencia, los periodistas y el mundo entero, presentó a la esposa, quien también es su “socia comercial”, para aclarar que su negocio de papelería, la cafetería que tiene en Cuernavaca (en la que no se paran ni las moscas) y las tanditas ayudaron a pagar los créditos e hipotecas con los que se fue haciendo de sus bienes. Situación que, paradójicamente, hoy tiene una repercusión directa en el sistema judicial mexicano, y que se traduce en la revocación de la sentencia con que el juzgado Décimo Segundo de Distrito había negado a Cristina Pereyra, el amparo para ser incluida en la lista de personas bloqueadas del sistema financiero mexicano.
Como ya nos había informado Pablo Gómez esta petición de bloqueo de cuentas busca que las personas señaladas como culpables de delitos financieros no puedan hacer uso del sistema bancario mexicano ni retirar el dinero que en esas cuentas se encuentra ya que se presume que es dinero que le pertenece al pueblo de México y/o que fue obtenido por medio de negocios ilícitos.
Seguramente, los magistrados del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, sí tuvieron la cara dura de aceptar que los enormes ahorros de Pereyra Gálvez, pueden provenir de vender folders y plumas, o servir cafecitos.
Mientras que en México sigamos teniendo funcionarios en el poder judicial o en las fiscalías general y estatales, que hayan estado ligados de alguna manera con los grandes capos de la delincuencia organizada convertidos en funcionarios por los regímenes anteriores, estoy segura que no encontraremos justicia en las resoluciones emitidas por una judicatura a la que le sobra cinismo y le falta justicia.
Espero que no debamos conformarnos con la resolución a la que arribe el juez Cogan, como única fuente de reparación del daño porque aquí, en nuestra patria, García Luna es apenas uno de los alfiles de la delincuencia que se institucionalizó desde la presidencia de la república con Felipe Calderón.
Hoy hay evidencia de varias investigaciones judiciales en México, y de casos presentados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional en La Haya, en contra de estos personajes. Hago votos porque este juicio anime a quienes deban dictar justicia por las atrocidades cometidas a raíz de la “guerra contra el narco”, de Felipe Calderón y orquestada por García Luna y sus esbirros, y decreten las responsabilidades y culpas de quienes las ejecutaron, en México y en otras sedes de #Justicia.
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