Grupo Salinas volvió a referirse a la nueva SCJN como “espuria” y los acusó de seguir al pie de la letra las órdenes de Sheinbaum.
Grupo Salinas reaccionó al fallo más reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el que se revocó el amparo concedido por un tribunal colegiado a una filial de Grupo Elektra contra la multa de 67 millones 165 mil 827 pesos.
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Esta multa fue impuesta por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) debido a que el Grupo declaró pérdidas mayores a las reales obtenidas durante el ejercicio de 2012.
El proyecto elaborado por la ministra del Pueblo, Lenia Batres, fue aprobado por seis votos a favor y tres en contra.

Grupo Salinas acusa a SCJN de actuar por “consigna política”
A través de un comunicado compartido en sus redes, Grupo Salinas arremetió contra los ministros de la Suprema Corte acusándolos de votar “completamente en línea con los dictados desde Palacio Nacional”.
“A pesar de que tres ministros señalaron que no existía cuestión de constitucionalidad, el resto de los ministros del acordeón confirmaron que satisfacen las órdenes de Palacio Nacional”, acusaron en la misiva.
El consorcio empresarial de Salinas Pliego señaló que los ministros violaron la legalidad y el debido proceso.
“Con absoluto descaro y sin pudor desdeñaron nuestros argumentos sin respetar ni salvaguardar el orden constitucional”.
Señalaron que esta SCJN es una “Corte espuria” que les privó del derecho a tener una justicia objetiva e imparcial, siendo una muestra más de que hoy la ley es una herramienta selectiva al servicio del poder político y no para proteger los derechos de los mexicanos.

“La división de poderes en nuestro país simplemente ya no existe”
Grupo Salinas continuó manifestando su molestia en el comunicado, recalcando que han sufrido un “atropello sistemático de sus derechos humanos” y amenazaron con seguir luchando ante otras instancias porque la sentencia aún no es definitiva.
Acusaron que las acciones de la Corte muestran su subordinación al Ejecutivo y con ello dejan claro que la división de poderes en México “simplemente ya no existe”.

Asimismo, advirtieron que la actuación de la SCJN deja un mal precedente que podría generar incertidumbre para la inversión nacional y extranjera de cara a la revisión del TMEC en 2026.
También adelantaron que acudirán ante instancias internacionales y que no lograrán intimidarlos o callarlos.
Por último, insistieron en que no se están negando a pagar su adeudo, pero solo lo que ellos consideran justo y no lo excesivo e ilegal que pretende hacerles pagar el gobierno.

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