Gobiernos estatales que hipotecan el futuro

Hoy que se presentó el presupuesto de egresos de la federación ante la opinión pública, tenemos todos los elementos para comparar cómo se comporta un gobierno austero y responsable, y como lo hacen otros, que en lugar de optar por disminuir sus privilegios y evitar la corrupción, prefieren endeudar a sus Estados para seguir sumidos en el dispendio, sin importarles que varias generaciones tengan que cargar con el pago de las deudas que ellos se gastan hoy en sus excesos.

El presupuesto diseñado por el gobierno federal evita aumentar impuestos, precios de combustibles y contratación de deuda adicional. El gasto y la inversión que realizará el Estado provienen de la recaudación de impuestos, de impedir la defraudación fiscal, de centralizar las compras para evitar sobreprecios ocasionados por la corrupción, y de disminuir el gasto corriente del aparato gubernamental; es decir, de actuar con austeridad, honestidad y eficiencia.

A partir de esta fórmula se va a contar con todo el dinero que se necesita para continuar desarrollando los grandes proyectos de infraestructura del país, para dar mantenimiento a la infraestructura con la que ya se cuenta, para impulsar la educación, la salud y la seguridad, y para cubrir las necesidades de todos los programas sociales y económicos que están siendo operados por el gobierno federal, buscando la recuperación de la economía por medio del impulso al consumo y a la producción.

El gobierno se encuentra pagando anualmente 700 mil millones de pesos en intereses de la deuda que nos dejaron los gobiernos ladrones del pasado. Si hubiese optado por contratar deuda adicional en lugar de haber asumido la estrategia anterior, este pago de intereses habría crecido en 50%; es decir, tendríamos que pagar en 2021 una cantidad equivalente a un billón 50 mil pesos. Al no hacerlo, nos estamos ahorrando 350 mil millones en pago de intereses durante el año que viene y no estamos empeñado otra vez el trabajo de las generaciones futuras.

En contraste, 10 Estados contrataron deuda adicional durante la pandemia y aumentaron su deuda pública, gastándose hoy más dinero del que reciben en impuestos y participaciones federales, para que ese gasto lo paguen los ciudadanos del futuro, en lugar de disminuir su dispendio y hacer eficiente su aparato administrativo

El gobierno panista de Yucatán encabezado por Mauricio Vila, incrementó su deuda pública en 21.2%, el gobierno de Alfaro en Jalisco lo hizo en 12.3%, otro panista Diego Sinuhé en Guanajuato la aumentó en 6.1%, el gobierno priista de San Luis Potosí con Juan Manuel Carreras en 5.7%, otro panista más en Aguascalientes, Martín Orozco en 2.3%, el perredista Aureoles de Michoacán y el independiente Bronco en Nuevo León en 2.1%, el panista perredista de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín en 1%, el priista Alfredo del Mazo del Estado de México y el panista de Durango José Rosas en menos de 1%.

Todos estos irresponsables, con el cuento de que no les alcanzan las participaciones federales que les corresponden, y que reciben en tiempo y forma, han decidido mantener sus excesos de gasto hipotecando el futuro de sus gobernados.

Entre ellos por supuesto destacan los gobiernos de Yucatán, de Guanajuato, Jalisco y  San Luis Potosí, como los más irresponsables por las proporciones de incremento que registró la deuda de sus Estados.

La pandemia solo fue la excusa para solicitar deuda nueva y así poder evitar comportarse como gobiernos austeros, honestos y eficientes. Fue el gobierno federal quien asumió el gasto para la habilitación de la infraestructura de salud y no ellos.

Va a ser interesante ver de qué forma se cobran los ciudadanos estos excesos derivados de la falta de razón de los gobernantes, durante el proceso electoral del año que viene.

Como dijo Francisco de Quevedo, poeta español del Siglo de Oro: “El exceso es el veneno de la razón”.