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El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó, durante la mañanera de este miércoles, que había girado instrucciones a todas las instituciones del Gobierno Federal, incluidas la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar), para que abran sus expedientes con el fin de indagar su participación durante el periodo comprendido entre 1965 y 1990, conocido como “guerra sucia”.

Señaló que, para apoyar las investigaciones de la Comisión por el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y Justicia a las Violaciones graves a los Derechos Humanos cometidos entre los años 1965-1990, “hay instrucciones para que se permita la entrada a archivos militares, desde luego de todas las instituciones del gobierno, y creo que no habría ningún problema en hacerlo en el caso de la Secretaría de Marina”, por lo que “desde ahora puedo informar que se autoriza que se abran también, como se está haciendo en la Secretaría de la Defensa, los archivos de la Secretaría de Marina”.

Y es que, dijo el mandatario, “a todos nos importa, nos interesa” conocer lo que pasó así como el paradero de las personas desaparecidas, tanto para castigar a los responsables como para que no se repitan los actos de autoritarismo.

El Presidente  también fue consultado sobre la resolución que deberá emitir la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso de la desaparición de los miembros del grupo Ejército Popular Revolucionario (EPR),  Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, desde 2007, delito por el que los familiares de las víctimas culpan a la administración del ex gobernador oaxaqueño Ulises Ruiz, así como al gobierno federal, en ese momento encabezado por el ex presidente Felipe Calderón.

Al respecto, el mandatario recalcó que se cumplirá lo que resuelva la Corte y refrendó que “nosotros estamos en una postura de completa transparencia, no ocultar absolutamente nada, no caer en impunidad. Que se sepa todo, que se finquen responsabilidades de acuerdo con los procedimientos legales, y no hay obstáculos de ninguna institución del Estado”.

López Obrador enfatizó que confía en que las instituciones federales estén colaborando para esclarecer éste caso, de lo contrario “vamos a intervenir, pues “no somos iguales, nuestro gobierno no reprime”, por lo que que no hay ninguna persecución en contra de ningún periodista u opositor, aunque sus adversarios “están enojados… y los entiendo, los comprendo, porque sacaban provecho de un régimen corrupto. Ellos se beneficiaban, eran los privilegiados de un régimen de corrupción que imperaba en el país, todo una red, una mafia, como son los gobiernos autoritarios, conservadores”.

Y esas redes estaban conformadas por “la oligarquía llamada hombres de negocios, que en sentido estricto ni siquiera son empresarios, son traficantes de influencia, los medios de información, los intelectuales alcahuetes, y la fuerza, con la intención de sostener a una minoría de saqueadores, pero eso ya no se permite en el país y los tiene desconcertados”.

El mandatario agregó que los medios de información en Estados Unidos se comportan de la misma manera, “están al servicio del poder económico, no de los ciudadanos, no de los lectores, y muchos menos de los pobres” y lamentó que esto suceda, cuando antes eran considerados como un sinónimo de libertad e independencia.