Alito enfrenta una solicitud de desafuero por parte de la Fiscalía de Campeche por el presunto desvío de 83.5 millones de pesos durante su gubernatura.
La Fiscalía de Campeche solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas, senador y líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por su presunta responsabilidad en delitos de peculado y uso indebido de atribuciones. La acusación está sustentada en cuatro carpetas de investigación judicializadas, que implican un probable desvío de 83.5 millones de pesos durante su gestión como gobernador de Campeche, de 2015 a 2019.
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Junto con Alito Moreno, diecisiete personas más están implicadas, entre ellas varios exfuncionarios de su administración. Algunas ya están vinculadas a proceso y dos obtuvieron criterios de oportunidad para colaborar con las autoridades.
La información fue confirmada por la propia Fiscalía a través de redes sociales. La solicitud fue enviada a la Secretaría General de la Cámara baja, con el fin de que la Sección Instructora evalúe si procede retirar el fuero a Moreno Cárdenas. Las investigaciones apuntan a prácticas de corrupción en contrataciones simuladas, desvíos mediante prestanombres y adjudicaciones irregulares, sin respaldo documental.
Además, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha documentado previamente transferencias millonarias de empresas vinculadas su hermano, Emigdio Gabriel, así como operaciones inmobiliarias con su madre, en una posible triangulación de recursos provenientes del erario.
Los esquemas de corrupción de Alito Moreno
Uno de los casos más relevantes involucra la Secretaría de Seguridad Pública de Campeche, donde dos personas actuaron como prestanombres para desviar más de 27 millones de pesos mediante facturación de servicios simulados, como venta de alimentos o mantenimiento de patrullas. Ambos prestanombres, empleados domésticos de un amigo del entonces titular de la Sspcam, Jorge N, admitieron que entregaron su documentación a cambio de solo 4 mil pesos.
Jorge N fue detenido recientemente, junto con otros dos exfuncionarios de seguridad, también acusados de peculado y uso indebido de funciones. La responsabilidad de Alito Moreno radica en que firmó convenios con la Federación que obligaban al uso responsable de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), los cuales presuntamente fueron desviados.
Otro caso emblemático involucra a una empresa originalmente dedicada al buceo y turismo en Cancún, que más tarde modificó su objeto social para brindar consultorías fiscales a la Administradora Portuaria Integral de Campeche (Apicam). Con el nombre Comercializadora Karybek y luego C&N Consultoría, recibió al menos 23.8 millones de pesos en contratos, sin evidencia de que se hayan prestado los servicios contratados.
El nexo con Alito Moreno se establece porque, en el momento de los contratos, él presidía la Junta de Gobierno de la Apicam. Además, el dueño de la empresa es hermano de un exdiputado del Partido Verde. Por este caso, hay cinco personas vinculadas a proceso.
Mayavisión, mercado de artesanías y otros desfalcos de Alito
Las investigaciones también incluyen pagos sin justificación por más de 14 millones de pesos a la televisora local Mayavisión, propiedad del empresario Miguel Ángel N, cercano a Alito Moreno. Los contratos fueron autorizados por la oficina de Comunicación Social del gobierno estatal, subordinada directamente al gobernador. La Fiscalía presume que estos pagos fueron una forma encubierta de comprar la televisora, por lo que se ha vinculado a proceso al exjefe de Comunicación Social, a Miguel Ángel N y a otro implicado.
Otro caso de desvío detectado es la construcción de la Plaza Colosio, un mercado de artesanías cuya finalidad era beneficiar a productores locales. Sin embargo, el terreno donde se edificó fue comprado a Miguel Ángel N, lo que representa un conflicto de interés. Además, los locales fueron rentados a particulares y no a artesanos, como se había planeado.
El proyecto costó 18.2 millones de pesos, recursos que provinieron del gobierno estatal y federal, e incluyeron dinero del Fideicomiso del Impuesto sobre Nómina del estado. Por este caso, seis personas han sido vinculadas a proceso, incluyendo al empresario beneficiado y al exsecretario de Desarrollo Económico.
En conjunto, los casos presentan un esquema recurrente de desvío de recursos públicos, mediante prestanombres, empresas fantasma, pagos injustificados y operaciones inmobiliarias entre aliados y familiares, todos supuestamente operados o autorizados durante la gestión de Alito Moreno como gobernador.
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Autor: Irving Sánchez/@irvingsannz
