La FGR dio a conocer que la red de corrupción por huachicol incluye al menos 555 empresas encargadas de facilitar la operación ilegal.
La Fiscalía General de la República (FGR) estaría buscando obtener condenas severas para los implicados en la trama del huachicol fiscal.
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Se trata de 5 mandos de la Secretaría de Marina (Semar) y un exfuncionario de la aduana de Tampico, Tamaulipas quienes hasta el momento están detenidos por su implicación en el caso.
Estos habrían encabezado la red de corrupción que permitió la entrada ilegal de millones de litros de combustible provenientes de Texas entre 2018 y 2025.
Los funcionarios investigados habrían facilitado que buques procedentes de EU ingresaran combustible sin cumplir con la normatividad mexicana, generando pérdidas millonarias para el Estado y fortaleciendo a la red criminal.
FGR busca penas de entre 30 y 60 años por caso de huachicol
La FGR adelantó que buscará sentencias que van de 30 a 60 años de prisión en contra de los involucrados en el caso.
La jueza Nancy Selene Hidalgo Pérez consideró que la organización que encabeza el ilícito probablemente tendría numerosos miembros, armamento, poder económico y el apoyo de autoridades de los tres niveles de gobierno, quienes les brindan protección y seguridad.
Además, resaltó que los cabecillas, los hermanos Farías Laguna, tendrían acceso a datos de seguridad nacional, adiestramiento y conocimiento de rutas marítimas en aguas internacionales.
Por ese motivo, los acusados representan un riesgo para las víctimas y testigos del caso, pues la estructura continúa operando, pudiendo tener vínculos con los hechos violentos y las privaciones de la vida de personas que tienen relación con las aduanas.
FGR reveló ocho puntos neurálgicos del huachicol fiscal
La FGR dio a conocer que existen en el país 8 puntos estratégicos de la red de contrabando de combustibles que involucra al menos 555 empresas que participan en una trama que combina la importación ilegal de hidrocarburos, la falsificación de documentos, con participación de empresas y redes criminales en varios estados de la república.
La fiscalía identificó los puertos identificados como parte de ese esquema, siendo los siguientes:
- Altamira (Tamaulipas)
- Veracruz (Veracruz)
- Ensenada (Baja California)
- Lázaro Cárdenas (Michoacán)
- Guaymas (Sonora)
- La Paz (Baja California Sur)
- Cancún (Quintana Roo)
- Mazatlán (Sinaloa).
Estos puertos marítimos habrían funcionado como puntos de entrada y salida de combustibles de procedencia ilícita, siendo controlados por la red criminal que evadía la fiscalización asegurando operaciones continuas.
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