La FGR abrió una investigación contra el Poder Judicial por el retraso de 20 años en el caso de Israel Vallarta, que debió resolverse en un máximo de dos.
La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, anunció que ya inició una investigación sobre la actuación del Poder Judicial en el caso de Israel Vallarta, luego de que el proceso se haya extendido por más de 20 años, a pesar de que, por ley, debió resolverse en un plazo máximo de 24 meses.
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De acuerdo con el fiscal, el objetivo es revisar en retrospectiva las decisiones judiciales que mantuvieron abierto un caso que dejó en estado de indefensión a los acusados y a las víctimas. Alejandro Gertz Manero recalcó que la FGR tiene la obligación de garantizar justicia y de esclarecer los criterios que se aplicaron para dictar sentencia o suspender investigaciones en este expediente.
“Nosotros tenemos la visión de que la persecución del delito y la defensa de las víctimas es fundamental en cualquier caso de carácter federal… En este asunto, tenemos la obligación de la defensa de las víctimas”.
Asimismo, el funcionario explicó que la dependencia siempre actuará en defensa de las víctimas de injusticia, especialmente cuando estas se encuentren en estado de vulnerabilidad. Añadió que una de las funciones centrales del Ministerio Público es recurrir en todos los casos donde exista un escenario de indefensión.
FGR investigará ineficiencia del PJF en caso Vallarta
Al referirse a la condena contra Luis Cárdenas Palomino, exfuncionario de la Secretaría de Seguridad Pública señalado por torturar a Israel Vallarta, el fiscal aclaró que el enfoque de la investigación no se limita a esa sentencia, sino a las omisiones del Poder Judicial, que durante dos décadas no emitió una resolución definitiva.
“Si la autoridad judicial permitió que un asunto estuviera durante 20 años sin sentencia, a quien deberíamos llamar es a la propia autoridad judicial para que explique por qué dilató lo que debía resolverse en dos años”.
En ese mismo sentido, Alejandro Gertz Manero consideró que no hay un criterio público claro que obligue a jueces y magistrados a explicar las razones de un retraso tan prolongado en un caso de alto impacto como este.
Finalmente, Alejandro Gertz Manero adelantó que la FGR ya indaga sobre los funcionarios judiciales involucrados, con el propósito de deslindar responsabilidades y sancionar las negligencias detectadas.
“Los acusados tenían todo el derecho de haber sido sentenciados en un plazo máximo de dos años… Ese es el aspecto fundamental que vamos a demostrar y presentar en este caso”.
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Autor: Irving Sánchez/@irvingsannz
