La FGR detallo que la red Del Caballito tenía una estructura dedicada a las actividades de lavado de dinero a través de fachadas.
El vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara, compartió nuevos detalles de la red Del Caballito. De acuerdo con esta información, la organización criminal operaba el lavado de dinero desde varias empresas y asociaciones civiles.
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El pasado viernes, la FGR informó sobre el desmantelamiento de la red denominada Del Caballito tras una serie de operativos en Jalisco, Colima, Quintana Roo, Sonora, Aguascalientes y Michoacán. Además, gracias a esto se logró la detención de ocho personas que contaban con órdenes de aprehensión; las cuales estaban encabezadas por Michael “N” y Salvador “N”. Al igual que se aseguraron 21 inmuebles, 14 vehículos y dinero en efectivo; entre ellas dólares, pesos mexicanos, euros, yenes, libras esterlinas, soles y coronas danesas.
FGR revela cómo operaba la red Del Caballito
Tras ello, durante una conferencia de prensa, la FGR señaló que Del Caballito ejecutaba sus acciones a través de un esquema. Estos se acercaban a empresas y presentaban esquemas de comercialización y mecanismos de evasión fiscal. Tras ello, hacían operaciones falsas para justificar la emisión de las facturas fraudulentas.
Posterior a ello, la red construía empresas fachada y realizaba deducciones legítimas por clientes reales y distribuía los beneficios. Con esta información, las autoridades de la FGR permitieron identificar que el grupo operaba con 15 empresas y asociaciones civiles. Estas contaban con domicilios en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.
Asimismo, Ulises Lara señaló que el esquema de operación hacía que los beneficiarios de la marca constituyen empresas con el propósito de ofrecer servicios de planeación laboral, así como una asociación civil a través de la cual ejecutan el esquema de facturación. Lo que permitía el préstamo de asesoramiento a empresas en materia de planeación laboral y a su vez una imagen legítima.
Del Caballito facturó más de 12 mdp
Por otro lado, las autoridades estimaron que la red generó aproximadamente más de 12 millones de pesos en facturas. Con estos señalamientos la organización podría tener un castigo de hasta nueve años de prisión por los comprobantes falsos.
Además, también se le sumaría la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa marcada en la Constitución. Hasta el momento continúan las investigaciones para analizar el caso y de ser necesario, cambiar la pena.
“Hay emisión de facturas y hay búsqueda de comprobación de estos recursos y hay alguien que no está pagándole al fisco”
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