Esta tarde, la Fiscalía General de la República informó que obtuvo órdenes de aprehensión en contra de Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont.
En redes sociales se informó, que otras órdenes de aprehensión se giraron contra otras cinco personas que podrían estar involucradas, en la posible participación de delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita.

La dependencia federal detalló que tres de los imputados ya están recluidos, y en los casos de quienes huyeron del país, como Inés Gómez Mont y Álvarez Puga, se ha obtenido la ficha roja correspondiente y se está en espera de la respuesta de colaboración de nivel internacional.

Se informó también que para desviar recursos, los involucrados celebraron diversos contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, utilizando comprobantes fiscales digitales por internet, que encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban; todo ello con la finalidad de lavar dinero, disfrazando dichos delitos de ganancias lícitas que eran inexistentes.

“Todas estas personas, físicas y morales, probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal; bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando, de esa manera, el rastreo de esos recursos”. Dice el comunicado.

“Para cumplir dicho objetivo, presuntamente celebraban diversos contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, utilizando comprobantes fiscales digitales por internet, que encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban; todo ello con la finalidad de lavar dinero, disfrazando dichos delitos de ganancias lícitas que eran inexistentes”, precisaron.

La Fiscalía apuntó que la organización estaba a cargo de Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont, quienes operaban con supuestos representantes de personas morales.
En la investigación se informó que existía un grupo formado por Héctor “Z”, Armando “R”, José “O”, Ricardo “C”, Yareli “C”, quienes realizaban las operaciones bancarias a nombre de personas morales.

El otro grupo, integrado por servidores públicos, fueron los que facilitaron ilegalmente los recursos del erario federal, celebrando contratos ilegales; y en esa estructura se encontraron a Eduardo “G”, Paulo “U”, Emanuel “C”, Jesús “P” y Jorge “N”.

“Cada una de esas células se integraba con las otras para realizar, de esa manera, los delitos que se persiguen. En el caso de una de las empresas que intervinieron y que se hallaba representada por su apoderado Héctor “Z”, dicha persona moral recibió más de 2 mil 500 millones de pesos, en la probable comisión de los delitos ya referidos”.

La pareja de famosos lleva casi cuatro meses alejada de la vida pública, luego de que se difundiera la investigación en su contra que los vincula con dichos delitos.

Con información de Aristegui Noticias y Reporte Índigo