Silvano Aureoles pagó 290 millones de pesos a una de las factureras de Inés Gómez Mont por supuestas obras de reclusorios.
Una investigación publicada por el medio Contralínea reveló que la red de empresas fantasma de Inés Gómez Mont que defraudó a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong en el sexenio de Enrique Peña Nieto, por un monto superior a los 6 mil millones de pesos, estaría ligada al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo.
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Gómez Mont y su esposo, el empresario chiapaneco Víctor Manuel Álvarez Puga, enfrentan órdenes de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado.
De acuerdo con la indagatoria, ambos habrían operado junto con exfuncionarios de la SEGOB un esquema de contratos fraudulentos relacionados con la construcción de cárceles que nunca se realizaron. El modus operandi incluía el uso de empresas factureras para simular servicios y desviar recursos públicos mediante triangulaciones financieras.
Uno de los agentes principales del fraude es Gabriel Mendoza Jiménez, exfuncionario federal de origen michoacano y principal accionista de la empresa Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética, S.A. de C.V., la cual está enlistada en el padrón de contribuyentes del Sistema de Administración Tributaria (SAT) con operaciones simuladas.
Esta compañía recibió contratos por aproximadamente 3 mil millones de pesos por parte de la SEGOB, los cuales fueron posteriormente canalizados hacia empresas controladas por los hermanos Álvarez Puga.
Mendoza Jiménez, quien se desempeñó como titular del Consejo de Seguridad Nacional entre 2018 y febrero de 2021 en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue destituido por órdenes directas de la presidencia tras revelarse que había firmado en 2009 un contrato con la polémica constructora brasileña Odebrecht, cuando era funcionario en Michoacán.
Factureras de Inés Gómez están ligadas a Silvano
La red de corrupción también involucra al exgobernador perredista Silvano Aureoles Conejo, quien se encuentra actualmente prófugo de la justicia.
Durante su administración, entre 2018 y 2019, su gobierno pagó 290 millones de pesos a la empresa Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética por supuestas obras de reclusorios. Los contratos fueron asignados de forma amañada y a precios inflados, según los expedientes que integran diversas autoridades judiciales y financieras.
Entre sus representantes legales y socios se encuentran Héctor Oswaldo Zorrilla Habana, Margarito Estrada y Rogelio Torres Jiménez.
Zorrilla Habana, quien tiene orden de aprehensión, es identificado como uno de los prestanombres de los Álvarez Puga y también figura como socio de la empresa Comercializadora Yucoax, vinculada con el tesorero del Club Libanés, Pedro Alberto Rukos Hadad.
Por su parte, Margarito Rangel Estrada, también representante legal de la empresa facturera, fue tesorero del ayuntamiento de Pátzcuaro y secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública durante el gobierno de Leonel Godoy.
Actualmente, está inhabilitado por la Secretaría de la Contraloría del Estado de Michoacán por múltiples irregularidades durante su gestión pública.
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