Mientras Aureoles se daba una vida de lujo, las fallas en las instalaciones policiacas provocaron enfermedades entre el personal.
Mientras cientos de policías y personal administrativo trabajaban sin agua, luz ni drenaje en instalaciones deterioradas, el entonces gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, contaba con áreas privadas de lujo en los cuarteles que su administración mandó construir, los cuales hoy son objeto de una investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos actos de corrupción.
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Una investigación de El Universal, basada en recorridos y testimonios, revela que los siete cuarteles construidos durante el sexenio de Aureoles, con un costo superior a los 5 mil millones de pesos, incluían “búnkers” o suites de lujo.
Estos espacios estaban destinados exclusivamente al uso del exmandatario perredista, y eran inaccesibles para el personal operativo. Equipados con recámaras con baños privados, sala-comedor con mobiliario de alto costo, helipuerto, y acabados de primer nivel, contrastan dramáticamente con las condiciones del resto de las instalaciones.
¿Cómo son los cuarteles por los que investigan a Aureoles?
Lejos del confort del “búnker”, los policías enfrentan carencias críticas: dormitorios con filtraciones, sistemas de drenaje colapsados, baños y regaderas inservibles, y centros de comando (C5i) que nunca fueron terminados y hoy están en obra negra.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tuvo que buscar espacios externos para operar los C5i y armerías, ya que estas tampoco cumplían con los requisitos mínimos, lo que obligaba al personal a desplazarse hasta 700 metros para armarse en caso de emergencia.
Además, las fallas estructurales y de saneamiento han provocado enfermedades gastrointestinales y respiratorias entre el personal, sobre todo en temporada de lluvias, según reportes internos.
En contraste, los cuarteles de Huetamo y Zitácuaro, localidades donde Aureoles nació y consolidó su carrera política, se encuentran en mejores condiciones. Sin embargo, también fueron arrendados y comprados a sobreprecio, sin que existiera la propiedad legal en el momento de las operaciones.
Irregularidades en los cuarteles de Aureoles
Los contratos de los cuarteles fueron firmados entre 2016 y 2017 con la empresa DyF S.A. de C.V., bajo un esquema de arrendamiento financiero. Sin embargo, en varios casos la empresa ni siquiera era propietaria de los terrenos al momento de firmar los contratos.
En Uruapan, por ejemplo, el contrato fue firmado en diciembre de 2017, pero el terreno fue adquirido por DyF hasta marzo de 2018. El predio había sido donado por el municipio al estado, que terminó comprándoselo a la empresa, erogando en total 875 millones de pesos.
El complejo, donde laboran cerca de 600 elementos, no cuenta con suministro adecuado de agua y presenta una planta tratadora de aguas residuales prácticamente inoperante.
En Apatzingán, se repitió la simulación: el contrato se firmó en 2016, pero DyF adquirió el terreno hasta 2019. La inversión total superó los 691 millones de pesos, mientras el cuartel presenta severos daños en baños y dormitorios, con solo cuatro sanitarios para más de 50 agentes por turno.
Lázaro Cárdenas, el cuartel más costoso, absorbió casi 946 millones de pesos. Hoy, presenta graves problemas de drenaje que provocan inundaciones y socavones durante las lluvias, afectando incluso al generador eléctrico.
La FGR investiga al exgobernador Silvano Aureoles y a varios de sus exfuncionarios por presuntas irregularidades en la construcción, arrendamiento y adquisición de estos cuarteles. Se le acusa de contratar obras a sobreprecio, simular operaciones inmobiliarias y privilegiar su confort personal por encima del bienestar del personal policial.
Por: Janet Pérez Islas
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