La corrupción dentro de la DEA pone en duda su capacidad para participar en estrategias internacionales de combate contra el narcotráfico.
La Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó una serie de auditorías e informes. En ellos se documenta una década de corrupción al interior de la DEA (Administración de Control de Drogas).
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Los hallazgos revelan que agentes de la agencia antinarcóticos más poderosa del mundo recibieron sobornos de carteles; además, blanquearon millones de dólares.
Asimismo, encubrieron torturas cometidas por policías extranjeros y operaron con impunidad durante años. La imagen de la DEA como institución incorruptible se resquebraja ante evidencia que abarca de 2015 a 2025.
Agentes de la DEA del lado del crimen
Los casos más graves involucran a agentes con décadas de servicio dentro de la DEA que terminaron trabajando para las organizaciones que debían combatir. Entre ellos destacan:
- José Irizarry, agente puertorriqueño: desvió aproximadamente 9 millones de dólares de investigaciones encubiertas de lavado de dinero. Además, recibió sobornos de carteles colombianos.
Con el dinero, Irizarry adquirió joyas, automóviles de lujo y propiedades. Fue sentenciado en octubre de 2021 a doce años de prisión federal.
- Paul Campo: pasó 25 años en la DEA y llegó a ser jefe adjunto de Operaciones Financieras antes de retirarse en 2016. Las investigaciones revelaron su colaboración para el Cartel Jalisco Nueva Generación.
Una grabación reveló a Campo negociando el blanqueo de aproximadamente 12 millones de dólares mediante criptomonedas y bienes raíces. Actualmente está bajo custodia federal por conspiración y lavado de dinero.
- Joseph Bongiovanni: con base en Búfalo, protegió durante catorce años a personas vinculadas al crimen organizado italiano. De 2005 a 2019 filtró identidades de informantes e investigaciones activas a cambio de sobornos.
Bongiovanni recibió una condena de 20 años de prisión y una multa de 250 mil dólares.
- Chad Allan Scott, en Luisiana: sentenciado a trece años por falsificación y obstrucción de justicia.
- Nathan Koen, exsupervisor: aceptó pagos ilegales de un traficante y recibió más de once años en Arkansas.
El informe revela un patrón que la DEA ya no puede atribuir a incidentes aislados.
Torturas, encubrimientos y negligencias
Las fallas documentadas no se limitan al enriquecimiento ilícito. El Memorando 24-117, publicado en septiembre de 2024, registró cinco casos en los que policías extranjeros entrenados por la DEA admitieron haber cometido torturas:
- Asfixia con bolsas de plástico
- Descargas eléctricas
- Métodos de coerción física
Lo más grave fue la respuesta institucional. Las demoras de hasta 266 días para reportar internamente los abusos, revelan un encubrimiento sistemático.
En materia de arsenales, la DEA tampoco sale bien librada. Cerca de 100 armas no han podido ser localizadas. Y al menos en un caso documentado, un arma supuestamente destruida en 2019 reapareció en un arresto en 2023; para ese momento estaba ensamblada con piezas de la propia agencia.
Además, 184 personas fueron contratadas sin haber superado el polígrafo y, pese a ello, recibieron acceso a material clasificado.
Los contratos también reflejan descontrol. Al menos 33 millones de dólares en servicios de laboratorio se asignaron sin concurso. Asimismo, traductores por un valor de aproximadamente 3 millones de dólares trabajaron para la DEA sin cumplir los requisitos mínimos de competencia.
Cuando la DEA dejó pasar fentanilo a EU
Uno de los capítulos más perturbadores de la crisis institucional involucra directamente la epidemia de fentanilo en Estados Unidos. La información fue revelada por el agente especial David Howell, con casi dos décadas en la DEA.
De acuerdo con Howell, la agencia monitoreó activamente envíos de fentanilo entre 2023 y 2025 sin incautarlos de inmediato. En ese momento, se justificó con el objetivo construir casos más grandes contra las redes de tráfico.
En junio de 2023, durante una operación en Albuquerque, Nuevo México, 74 mil píldoras falsificadas fueron observadas en tiempo real durante una transacción; los agentes no intervinieron para confiscarlas.
Las consecuencias fueron cuantificables. Nuevo México registró un incremento del 21 por ciento en muertes por sobredosis en el último año analizado; a nivel nacional la cifra bajó un 14 por ciento.
Howell lo resumió con una frase que se convirtió en el epicentro del escándalo:
“Envenenamos a nuestra comunidad para armar casos”.
La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, ordenó al fiscal general estatal abrir una investigación independiente. El administrador de la DEA, Terry Cole, respondió solicitando al propio Inspector General que revisara las denuncias.
Por su parte, la portavoz de la agencia, Amanda Wozniak, defendió la metodología:
“Las decisiones de investigación en cuestión fueron legales y razonables”.
Sin embargo, para las familias de quienes murieron en ese período, la respuesta institucional no alcanza.
Crece la desconfianza en México hacia la DEA
La relación entre México y la DEA lleva años deteriorándose. En 2017, una investigación de Ginger Thompson reveló que una infiltración indebida de la DEA habría desatado la terrible masacre de Allende, en Coahuila, perpetrada por Los Zetas.
La agencia antidrogas negó su participación; sin embargo, después de la publicación del artículo, la periodista declaró:
“Los principales líderes demócratas en el Congreso están pidiendo una investigación sobre el papel de la DEA en la masacre de Allende”.
El punto de quiebre más visible fue el arresto en territorio estadounidense del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, en 2020.
Cuando los cargos resultaron insostenibles, México exigió su devolución; además, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador endureció drásticamente las restricciones operativas para los agentes extranjeros en el país.
La tensión no disminuyó con el cambio de gobierno. En agosto de 2025, la DEA anunció el Proyecto Portero, presentado como un esquema de colaboración bilateral contra los carteles.
Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió “no tiene nada que ver con la realidad.” Y estableció la posición oficial con una declaración que sintetiza el estado actual de la relación:
“Las operaciones que tienen que ver con la seguridad del país son un asunto de las fuerzas federales mexicanas”.
🇲🇽 MÉXICO NIEGA OPERACIÓN CONJUNTA CON LA DEA
La presidenta Claudia Sheinbaum negó que México esté colaborando con la DEA en el “Proyecto Portero” para frenar el tráfico de drogas sintéticas como fentanilo y metanfetaminas, contrario a lo anunciado por la agencia estadounidense pic.twitter.com/QFjmQTb3s0
— ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) August 19, 2025
¿Se puede reformar la DEA desde adentro?
El Inspector General señaló en sus conclusiones que “la DEA carece de una estrategia integral” para supervisar sus propios programas. La historia reciente sugiere que el problema va más allá de la estrategia.
José Irizarry, el agente que desvió 9 millones de dólares hacia los cárteles colombianos mientras acumulaba condecoraciones dentro de la DEA, declaró ante la agencia AP:
“No puedes ganar una guerra imposible de ganar. La DEA sabe esto y los agentes saben esto (…) Hay tanta droga que sale de Colombia. Y hay tanto dinero. Sabemos que no hacemos ninguna diferencia. (…) La guerra contra las drogas es un juego… Era un juego muy divertido que estábamos jugando”.
La suma de estos hechos dibuja una institución con fallas estructurales que van mucho más allá de la conducta individual.
El poder económico del narcotráfico ha demostrado ser capaz de penetrar las propias filas de la DEA. Esto ha obligado a replantear los mecanismos de supervisión interna y la rendición de cuentas a los ciudadanos de ambos lados de la frontera.
Con información de Milenio, El Imparcial, MSN, La Jornada, Sin Embargo y Proceso
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