“Reforma Eléctrica de AMLO no fortalece a CFE: Dicen cabilderos de generadores privados de electricidad

Continúa el desfile de foristas presentados como expertos independientes que en realidad son abogados o cabilderos para las grandes empresas transnacionales, en el debate por la Reforma Energética que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados.

En esta ocasión tocó el turno a Severo López Mestre, socio de Galo Energy, empresa dedicada a la consultoría de empresas extranjeras dedicadas a la generación de energía eléctrica, pero que se presentó como experto independiente en política y regulación energética.

En opinión de López Mestre, la iniciativa de reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador no fortalece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que lo que se está tratando de hacer es crear una especie de “Banco de México eléctrico”, pues, dice, busca que la CFE se convierta en un organismo autónomo que no pueda ser revisado por la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, que pueda establecer sus propias tarifas y que su presupuesto no pase por el análisis de la Secretaría de Hacienda: “Todo esto suena a que estamos politizando a la CFE, y politizar es muy peligroso, es lo que menos le conviene a la empresa, prácticamente te invitan a un partido donde el que te invita a jugar le paga a unos miembros que juegan en tu equipo, que es dueño del estado, de la cancha y el árbitro”.

En contraste, Carlos Meza, catedrático en materia de amparo y derecho constitucional, consideró que es necesaria la reforma eléctrica, ya que la reforma de 2013 impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto no cumplió con ninguno de sus objetivos, pues “La intención de esa reforma fue velar por los intereses de las transnacionales y los capitales extranjeros poderosos que manejan los hilos del poder”.

A diferencia de esta iniciativa que se discute en el Parlamento Abierto, la del 2013 no fue sometida a un debate y aseguró que su finalidad “fue desmantelar y privatizar las áreas estratégicas de la nación en beneficio de las empresas transnacionales y esto representa una de las más grandes arbitrariedades que se han cometido en contra de nuestro país”.

Por otra parte, Ramsés Pech, quien se presenta como analista energético independiente, pero que es en realidad el director general de Caraiva y Asociados, una empresa de consultoría en temas energéticos para diversas corporaciones privadas del ramo, señaló que es indispensable encontrar un balance entre el sector público y privado, lo cual es exactamente lo que plantea la Reforma Eléctrica, destinando un 46 por ciento del mercado eléctrico a los privados.

Y, como si en verdad los generadores privados de electricidad estuvieran financiando con recursos propios y no con subsidios otorgados por la CFE, Pech plantea que “Para el año 2030 vamos a necesitar de una inversión en el sector energético de entre 2 y 2.2 billones de pesos, por lo que tenemos que preguntarnos de dónde va a salir esa cantidad de dinero, necesitamos una coordinación entre Gobierno y privados”.

Por su parte, Carlos Meza sostuvo que lo que se promovió en el Pacto por México, en materia energética, no cumplió con ningún objetivo y puntualizó que es indispensable que se recupere lo que “nos han despojado las empresas beneficiadas que de alguna manera tienen contratos privilegiados, ya que la CFE soporta estas pérdidas elevadas”.

Por su cuenta, José Romualdo Hernández, especialista en derecho energético de la Unidad de Estudios de Posgrado de la UNAM, aseguró que la Reforma Eléctrica es la más importante en lo que va del gobierno de la 4T. Además, negó que en esta iniciativa se monopolice la energía eléctrica en CFE, AMLO “es muy cuidadoso de mantener un principio fundamental que es la economía mixta, la participación del sector privado va a seguir presente en el sector de la industria eléctrica”.

En su oportunidad, Guadalupe Correa, investigadora y académica, condenó el contenido y la metodología en la que se aprobó la reforma energética de Peña Nieto, pues, señaló, existen grandes asociaciones de energía, conformadas en su mayoría por empresas extranjeras que podrían poner en manos de otros países las decisiones del sector eléctrico mexicano y, por tanto, guardaron un gran interés en la aprobación de la reforma del Pacto por México y, al mismo tiempo, esperan que no se apruebe la de AMLO.