Mientras la Concamin defendió el esquema creado con la reforma energética del sexenio pasado, donde se instaura en México un sistema idéntico al que llevó a España a la crisis por los precios de la electricidad al consumidor final y que provocó que el Reino Unido decidiera nacionalizar a las empresas privadas de generación de energía eléctrica, Adrián Olvera Alvarado, director de Generación V, subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), desmontó los argumentos sobre capacidad y precio de la energía a partir de la Reforma Eléctrica presentada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, así como también denunció que la figura de “autobasto” es, en realidad, ilegal y fraudulenta.

En un claro intento por desviar la atención, José Abugaber Andoine, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), hizo referencia a que los 277 contratos legados de autoabastecimiento y productores de energía (PIE), van de salida, pues al no renovarse se irán extinguiendo de forma natural, por lo que cuestionó si vale la pena una reforma constitucional para modificarlos, sin considerar que la reforma a discusión contempla bastante más que los contratos de autoabastecimiento.

El presidente de Concamin aseguró que “puede haber mejorías en el esquema actual sin un cambio constitucional, porque todos sabemos que el abrir el sector eléctrico benefició ampliamente a la industria”, además de que, dice, únicamente el 15 por ciento de la generación nacional corresponde a los contratos legados.

Pero además insiste Abugaber en que la energía que generan los privados es más barata, lo cual solamente podría ser verdadero si se toma para los privados nada más el costo de generación y para la estatal el de generación y el de distribución como uno solo.

Por su parte, el representante de la CFE, explicó que las sociedades de autoabasto legadas del régimen de 1992, cometen fraude a la ley, pues basta consulta la página de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), para darse cuenta de que existen sociedades de capital de un dólar, donde el generador tiene el 99 por ciento de las acciones y el resto está en poder de sus cientos de “socios”, esquema en el que hoy se encuentran 243 centrales, que cuentan con 77 mil 767 “socios”, quienes en realidad son clientes.

Y estos “constituyen una afectación económica para la CFE de 10 mil millones de pesos por año, porque gozan de un despacho privilegiado, se benefician del porteo tipo estampilla por generar sin emisiones de gases de efecto invernadero, aunque sólo 72 (de las 243) centrales son energías renovables y no pueden sostener una operación continua, no participan con servicios conexos, provocando inestabilidades en la red”, dijo.

En lo que respecta a los PIE, Olvera Alvarado explicó que desde 1992 se obligó a la CFE a comprar energía a estos productores independientes por 25 años, esquema en el que se encuentran 34 centrales con 16 mil 051 megawatts instalados y de las cuales 28 son de ciclo combinado a gas, pero ocho de estas también funcionan con diésel, que también contamina, restando solamente 6 que son centrales eólicas y generan únicamente 613 megawatts.

Pero, por si lo anterior fuera poco, la CFE está obligada a pagar cargos fijos, incluso si sus centrales no son despachadas, pues existen cláusulas en que pasan los riesgos a la CFE, como los llamados “casos fortuitos”, con lo que los sobrecostos son trasladados a la CFE, con cargos fijos por capacidad, crecientes y en dólares.

Denunció además que los PIE son cuatro consorcios que constituyen prácticamente un oligopolio, tal como sucede en España y solía ocurrir en el Reino Unido, que son: Iberdrola, Mitsui, Naturagy y Saavi.

Por todo lo anterior, el director general de la CFE, Manuel Bartlett, aseveró en su oportunidad que “no hay ninguna competencia sino un arreglo entre empresas privadas extranjeras para apoderarse del mercado y desaparecer a la empresa pública que es la CFE y que es de todos los mexicanos”.

Por su parte, Eleazar Castro Pérez, quien se presenta como consultor independiente, pero que en realidad fue el supervisor de subastas de energía durante el sexenio pasado, defendió el esquema de subastas de largo plazo para la adquisión de energía, potencia y los certificados de energía limpia (CEL), asegurando que se ponderaron cientos de variables para “maximizar el ahorro” de los compradores y que por eso el sistema fue “tan competitivo y tuvo tal éxito” con los precios de la energía, dice, más barata del mundo.

“Las subastas no son perfectas, pueden mejorar con evaluaciones sociales y ambientales adecuadas y previas, con ofertas de compra regionales y no sólo nacionales, con estudios de interconexión antes de su ejecución y añadiendo a la subasta servicios conexos como almacenamiento de energía si queremos integrar muchas más renovables que es un reto muy grande”, dijo.