En los gobiernos pasados las fuerzas armadas cumplían órdenes llevando a cabo actividades que solamente tendría que haber desempeñado la policía; pero no solo eso, también trabajaban para masacrar delincuentes incómodos a los intereses de grupos de poder y a la población civil que se les atravesaba en el camino, así como para proteger al narcotráfico, incluso recuperando su droga, como lo hicieron durante los eventos de Ayotzinapa.
En el sexenio del etílico carnicero de Morelia, se esmeraron en atacar a unos cárteles y proteger a otros, dependiendo de la negociación que los funcionarios de alto nivel realizaban con el conocimiento de su jefe supremo, el Comandante Borolas, hoy ferviente practicante católico.
Al inicio del gobierno actual sus actividades fueron reorientadas y si bien comenzaron el sexenio llevando a cabo una cobertura importante de las actividades policiacas, su intervención en este sentido ha disminuido sustancialmente, en forma inversamente proporcional al del aumento de la fuerza de la recién creada Guardia Nacional, que tiene esas tareas como propósito fundamental.
Sin embargo, la transformación del país ha necesitado apoyarse en este cuerpo disciplinado, eficiente y con mística de servicio, para llevar a cabo acciones muy variadas que están aportando certidumbre a su consolidación.
Hoy el ejército y la marina ya no matan inocentes, las ejecuciones de delincuentes han sido sustituidas por detenciones. Su participación en labores policíacas es cada vez menor, podríamos decir que es casi marginal ante el crecimiento constante de la Guardia Nacional, pero la aportación de las fuerzas armadas en la reconstrucción de un país que nos dejaron en ruinas, es cada vez más importante y solidaria.
El trabajo más reciente que se les ordenó a las Fuerzas Armadas es el control de los puertos y las aduanas, pero antes ya eran responsables de construir en Santa Lucía el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, las 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar, dos tramos del Tren Maya, la remodelación de 32 hospitales abandonados en sexenios pasados en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19, la atención de esta enfermedad, así como la vacunación para disminuir su incidencia y mortalidad.
De igual forma, se les instruyó para apoyar el combate al robo de combustible de Pemex, custodia de pipas, implementación del plan de vigilancia en las fronteras norte y sur para frenar la migración hacia Estados Unidos, la construcción de cuarteles para la Guardia Nacional, el apoyo a los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, la distribución de fertilizantes, así como la vigilancia en la entrega de los recursos de programas sociales.
Según información oficial, las Fuerzas Armadas han desplegado 61 mil 795 elementos para cumplir estas tareas específicas ordenadas por el Ejecutivo Federal, sin contar a los efectivos destinados para las operaciones de la construcción de la paz y de atención en emergencias y desastres naturales.
Y todo esto, contando con que son los cuerpos humanos al servicio del Estado Mexicano en quienes más podemos confiar para combatir la corrupción, dada su preparación, valores y disciplina.
Así es que hoy las fuerzas armadas ya no trabajan para la mafia saqueadora ni para el crimen organizado como lo hicieron bajo las órdenes de los que gobernaban antes, sino que lo hacen para los ciudadanos, apoyando la reconstrucción física y moral del país y ayudando a la población en las emergencias.
Como diríamos utilizando la analogía de algunas viejas consignas: “Si eso es ser militarista, que me apunten en la lista”.
