México es un país que a diferencia de sus socios comerciales de Norteamérica, cuenta con un bono demográfico enorme, en el que la mitad de la población tiene menos de 30 años de edad. Para todos estos jóvenes, el promedio actual de escolaridad es de menos de 10 años de estudios concluidos; es decir, la mayoría tiene la secundaria terminada y uno o dos años más de estudios.
Hasta el 2018, 2 millones 300 mil de estos jóvenes se encontraban sin trabajo y sin poder asistir a la escuela para capacitarse, encontrándose a merced de verse obligados a aceptar cualquier oportunidad que se les presentara para sobrevivir, incluyendo por supuesto la alternativa económicamente más atractiva del crimen organizado, aunque esto significara que su futuro fuera truncado violentamente en muy poco tiempo.
Tomando en cuenta que estos jóvenes son parte fundamental del bono demográfico de nuestro país y que representan una mano de obra con gran potencial durante varias décadas por venir, el gobierno actual implementó un programa de apoyo para que no solamente dejaran de ser presa fácil para su reclutamiento por parte de las bandas criminales, sino además para que puedan capacitarse en algún oficio que les proporcione alternativas, a fin de que la actividad económica se enriquezca con esa mano de obra potencial que estaba desperdiciada.
Así se inició el programa Jóvenes Construyendo el Futuro; el que más escozor le ha ocasionado a la oposición miserable y doblemente derrotada y a una buena parte de la sociedad conformada por ciudadanos disfuncionales cognitivos aspiracionistas, que no ven más allá de sus narices, porque piensan que cada uno de ellos es el centro del universo, el único que tiene derechos por encima de todos los demás.
El programa consiste en que las empresas, los negocios, los talleres, los comercios y cualquier otro tipo de establecimiento, contraten durante 12 meses a estos jóvenes menores de 30 años, capacitándolos en algún oficio que puedan practicar para ganarse la vida, siendo el gobierno quien les pague mensualmente un sueldo, en lugar de que lo haga el negocio que los está capacitando.
Una vez que terminan su período de capacitación, la Secretaría del Trabajo los apoya para obtener un empleo, continuar sus estudios, crear emprendimientos colectivos, certificar las habilidades aprendidas, iniciar un negocio, autoemplearse o continuar tomando más cursos de capacitación.
De esta manera el gobierno federal creo una especie de asociación con cualquier negocio que decida contratar y entrenar a los jóvenes, en un esquema donde los negocios y las empresas aportan capacitación, mientras las autoridades invierten en dos rubros al mismo tiempo, atacar uno de los factores que ayuda a mantener la operación de las bandas delictivas y el desarrollo de su población inactiva para que se integre en la actividad económica.
El gobierno les paga directamente a los jóvenes que se están capacitando en las empresas y negocios una cantidad mensual de $4,310 pesos y le da un seguro médico contra enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.
Durante los 2 años y medio en los que se ha aplicado este programa, se ha beneficiado a 1 millón 680 mil jóvenes de los 2 millones 300 mil que se encontraban en situación de inactividad a finales de 2018, que hoy se han convertido en capital humano útil y productivo dentro de la economía mexicana. Quien no entiende esto, se encuentra atrapado en la ceguera del egoísmo que impide su propio desarrollo como parte de una comunidad solidaria.
Como dijo el padre de la independencia de Mozambique, Samora Machel: “La solidaridad no es un acto de caridad, sino una ayuda mutua entre fuerzas que luchan por el mismo objetivo”.
