El ataque de las vacas sagradas

Las cartas sobre la mesa

por Laura Cevallos     

@cevalloslaura

Como una reminiscencia de la época colonial, conformando una de tantas parcelas de vacas sagradas, tenemos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lo único que tiene de honorable es el nombre y algunas partes de su historia, como cuando se restauró la República, después de haberle sido entregado el poder al único emperador que tuvo esta patria, por un acto de vil traición de apátridas tan desesperados por colocarse bajo la mesa del poder, como los vemos hoy.

Desde los lentes rositas de la familia que conforman los miembros del poder judicial, la corte y el consejo de la judicatura, ellos no tienen nada que criticarse en su labor o en su despótico trato a los ciudadanos, de quienes se han hinchado de robar, porque en realidad es una suerte de milagro por el que tendríamos que estar bailando en una pata, que ellos, desde su altísima dignidad, nos provean de sus finísimos y profundos pensamientos sobre temas que sólo unos cuantos elegidos pueden comprender.

Cuando se les critica por los exorbitantes privilegios que ellos cobran como salarios y otras prestaciones, con justa razón se enojan, porque si antes se le tributaban corazones latientes a las deidades cuando se enojaban y enviaban temblores o erupciones volcánicas, ¿porque no habríamos nosotros de tributarles con oro, riquezas, privilegios y lujos, si ellos también son capaces de enviar tribulaciones a estos hijos del maíz, tan ignorantes y necesitados de verlos pasar para estar apenas felices?

Qué bien lo dice el maestro Rafael Barajas, El Fisgón, cuando hace esa comparativa de la vida real y sus universos paralelos.

Mientras que este presidente legítimo, legal, auténticamente demócrata está revolucionando el actual sistema de gobierno y político que tenemos, poniendo al centro del progreso a las personas, a los siempre vulnerados, a los más pobres, a los niños o a los indígenas y pueblos originarios, este ato de reses sagradas hace uso de su ultima ratio para bloquear, frenar o impedir que se hagan cambios necesarios en la Constitución y las leyes, para armonizarlas al momento histórico que vivimos.

Y, en tanto los ciudadanos estamos cada vez más comprometidos con la democracia en todos los derechos y obligaciones que conlleva ser ciudadano 24/7/365, a este rebaño “Angus prime” se le ocurre que la democracia es una molestia de la que pueden prescindir sin problemas y decretan sentencias que revierten la voluntad popular. Y dado que provienen de la aprobación senatorial, según sus cálculos, la distancia con el pueblo elector es inversamente proporcional al desinterés que tienen por los derechos que aquellos puedan exigir.

De acuerdo con los anales de la historia, en tiempos de Don Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, con la Constitución de 1857, los miembros de la Corte eran electos tal y como elegían al titular del Ejecutivo y a los miembros del Poder Legislativo, a pesar de que existía una fuerte oposición, compuesta por una parte del legislativo, los militares encabezados por Porfirio Díaz y la iglesia, recién desplazada como titular de la tramitación de los asuntos de carácter civil, como matrimonios, nacimientos y defunciones. Y si bien, no eran tiempos fáciles, y existían rivalidades en lo intelectual, también era evidente el clasismo que separaba a los fifís de entonces; y aceptando que probablemente no existía la fórmula perfecta para gobernar, es seguro que, donde más personas deciden, hay menos posibilidades de errar y caer en las autocomplacencias y el hedonismo.

El Presidente López Obrador, siendo un amante de la historia y profundamente juarista, propuso que, en aras de tomar en nuestras manos la tutela de la justicia, siendo responsables directos de la elección de los ministros de la Corte, bajo el principio de selección de los mejores perfiles de mujeres y hombres profesionistas del derecho, sus designaciones sean votadas en elección directa.

Porque como hemos comprobado, tristemente, a partir de que el nombramiento fue designación del presidente, en la reforma a la Constitución, en 1928, y con aprobación (más bien, un acto de presión rotunda) de parte del Senado, los miembros de la Corte se convirtieron en piezas de poder que representaban, en ese tablero, a distintas fuerzas. Tan es así, que el decretazo de Zedillo, mediante el cual cambió la configuración total del Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue la demostración total de que el presidente era la encarnación de todos los poderes y a él tenían que obedecer las diversas instancias y órdenes de gobierno, pero también era, paradójicamente, un títere de los empresarios y el poder económico, que mandaban y obtenían canonjías, a través de concesiones graciosas.

Con esta nueva disposición judicial, los méritos profesionales de los ministros y los miembros del Consejo de la Judicatura pasaron a ser meros accesorios, porque se demostró, con muchos personajes aviesos, que la “lealtad” al presidente nombrante y a los intereses de su grupo político-partidista, eran más importantes que la carrera judicial o el conocimiento de la técnica jurisprudencial que, en teoría, es lo mero principal para acceder a esa parcela de poder quasi-ilimitado de que goza el rebañito de los once de la Corte.

Hablando entonces, de la propuesta de elegir, a la camarilla selecta le parece que se trata de una incontinencia irracional del presidente y que los senadores, como Armenta, hablan sin tener la más pálida idea de lo que significa hacer un ejercicio de ese tipo bajo las reglas de la elección. Ellos se sienten paridos por Zeus, y creen que su labor debe ser abstraída de esas absurdas y corrientes manifestaciones populares. O sea ¿votar por ellos?, ¡ni que fuera necesario!

Los jerarcas de la ley aseguran que no requieren legitimación, porque su función de juzgadores legitima sus nombramientos. Es decir, para ellos, el hábito -en el caso la toga-, hace al ministro. ¿es neta? ¿ya creen que por eso los tenemos que aceptar sin chistar?

Si somos perfectamente honestos, desde los ministros y hasta el empleado más humilde del poder judicial federal o de los tribunales estatales, trabajan supuestamente, “a favor de la justicia, en beneficio del ciudadano y para proteger sus derechos cuando sean vulnerados por el Estado” pero, hasta donde nos dan los números, no podemos recordar que la justicia se haya servido en favor de las víctimas, ni en protección de sus derechos vulnerados, sino que se dictan sentencias y suspensiones para favorecer que los que tienen dinero y agarraderas, obtengan todas las protecciones y beneficios de la justicia federal.

Urge un cambio en el equilibrio de fuerzas, porque en tanto ellos sean los pocos los que deciden que la ley puede modificarse, “asegún” las necesidades del que paga, estaremos atados a este lamentable yugo de inconstitucionalidades legalizadas.

¿Y sí es posible llegar a un panorama donde sea prerrogativa del ciudadano decidir quiénes deben conformar los altos círculos del poder judicial? Obviamente sí.

En primer lugar, es cierto que debe privilegiarse la carrera judicial, no tanto por el aprendizaje que se pueda adquirir a lo largo de años y años en los distintos puestos que, indiscutiblemente es trascendente, sino por un acto de reconocimiento a la labor de los trabajadores (podríamos llamar oficinistas) que, ciertamente, no podemos culpar de defender la institución a la que, literalmente, han dado la vida entera. Porque en términos de movilidad laboral, es justo que se reconozca que la experiencia en los diferentes puestos, y es necesario ir dando vuelta a la organización para que nadie esté demasiado cómodo y pueda empezar a tender esos asquerosos lazos de camaradería y ayuda que se convierten en delitos de contubernio y corrupción de los que nos queremos deshacer.

Además, en un esquema de justicia abierta, es posible que cuando se requiera el nombrar jueces, se haga la convocatoria y se realicen las pruebas de conocimiento -tal como se hacen, pero con más transparencia y sin posibilidades de venta de respuestas, que ya ha pasado-, pero que una vez se han ganado el lugar, se pregunte a las personas de las localidades donde han servido como funcionarios judiciales, si se han desempeñado de manera leal, justa, decente, sin intentar torcer la ley a cambio de dinero.

Cuando esos jueces deban ascender a magistrados, preguntar si como titulares no han tenido comportamiento de pequeños tiranos, si no se han propasado con el poder; si respetan el trabajo y vida de los compañeros, fuera del juzgado; si a los usuarios del servicio judicial los ha dejado satisfecho y sus sentencias han sido justas y rectas.

Es evidente que, en el caso de los Ministros, la cosa es aún más necesaria, porque es inútil querer que cambie el modo de elegir y el perfil de quienes lleguen sea adecuado, si pensamos que los entrantes deben ser leales al presidente en turno. Eso ya se terminó. Lo que debemos exigir es que esos nuevos miembros de la corte no sean cortesanos y sean leales al ideal de justicia.

Ya pasamos por ministros exprocuradores, personajes sin experiencia previa en órganos de procuración de justicia; personajes sin un ápice de conciencia social y, en la mayoría de los casos, con un amor incondicional al dinero. Cuando se pongan a disposición del ciudadano sus perfiles, tendremos que saber en qué condiciones ha llevado su vida profesional; de qué modo ha ido adquiriendo sus bienes y si éstos se pueden considerar adecuados a sus sueldos, o si ya son poseedores de fortunas inexplicables; si son capaces de drenar al erario para pagar lentes; si son miserables como para dar nombramientos a sus hijos, nanas o amantes, sin que tengan título de licenciados, para adherirlos a la nómina del Poder Judicial y cualquier otra clase de corruptelas a que están acostumbrados.

Podemos y debemos hacer nuestra esta propuesta del Presidente. Votar por quienes se sienten a deliberar la justicia, teniendo en cuenta que son vidas las que modifican con un voto. Recordar que, si no tienen la legitimación de representar a los ciudadanos, entonces su fuerza moral no puede servir para dar lecciones de legalidad y que nada está por encima de la ley, bajo ninguna circunstancia. Las vacas sagradas seguirán atacando hasta en tanto tengan el respaldo de los que pagan por ir contra la democracia y la legalidad.

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