Congreso estatal de Tamaulipas pretende darle seguridad a Cabeza de Vaca ¡de por vida! y con cargo al erario

El diputado priista Florentino Sáenz Cobos, como presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso Estatal de Tamaulipas, presentó una iniciativa que ofrece protección al Gobernador estatal, Francisco Cabeza de Vaca, y a otros funcionarios cuando concluyan su gestión por un tiempo igual al que se desempeñaron, lo que podría prorrogarse si amerita el caso.

La reforma, que agrega un segundo párrafo a la fracción 1 del artículo 19 Bis de la Constitución estatal, ya fue aprobada en comisiones, por lo que ahora contempla permitir que los exfuncionario cuenten con seguridad, como escoltas y vehículos oficiales con cargo al erario, lo que beneficiaría a Cabeza de Vaca.

En la iniciativa se lee: “Las atribuciones en materia de seguridad pública y procuración de justicia, conlleva un riesgo para la seguridad personal, la salud, la integridad y la vida de las y los servidores y ex servidores públicos involucrados en las acciones de investigación, persecución y combate al delito y ue el Estado debe proveerles de los elementos necesarios para la preservación de su seguridad”.

Esta iniciativa pretende elevar a rango constitucional el otorgamiento de medidas de seguridad y protección  a servidores y ex servidores públicos cuando, por motivo de las funciones a su cargo, se encuentren en situación de riesgo, para que con ello quede supuestamente garantizada la seguridad del Gobernador estatal y los titulares de la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General de Justicia.

La propuesta, que fue respaldada esta tarde con dos votos a favor de Acción Nacional (PAN) y uno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) contra dos en contra de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) pasará a discusión y eventual aprobación en el pleno probablemente este viernes 10 de septiembre.

Cabe recordar que el gobernador Cabeza de Vaca ha sido señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) por defraudación fiscal por 6.5 millones de pesos, también lo investiga por delincuencia organizada y lavado de dinero, entre otros delitos, además de que le fue retirado el fuero constitucional por la Cámara de Diputados, y ahora mismo solamente se encuentra en libertad gracias a que el Congreso local se rehusó a homologar el juicio de procedencia en su contra, a pesar de que existe una orden para su aprehensión.

Y más aún, la Legislatura tamaulipeca determinó que no procedía el desafuero contra el mandatario y dio paso a una controversia legal que está a la espera de ser atendida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).