Confirma FGR: Sí había una organización criminal dentro del FCCT de Conacyt, podrían alcanzar hasta 82 años de prisión

Pese a la falsa polémica que han querido provocar diversos medios, comentaristas y políticos, la Fiscalía General de la República consignará de nuevo el expediente que integra la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo) en contra de 31 integrantes del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCT), que será modificado para explicar clara y contundentemente la existencia de una organización criminal que estaba liderada por nueve exfuncionarios del Consejo que, de ser encontrados culpables de los delitos que se les imputan, podrían recibir una pena de hasta 82 años y medio de privación de la libertad.

Algunos de los funcionarios señalados por, entre otros delitos, el de lavado de dinero y delincuencia organizada son el ex director general del Conacyt, Enrique Cabrero Mendoza; la ex coordinadora del FCCT, Julia Tagüeña Parga; el director adjunto de Administración y Finanzas, David García Junco Machado, y el ex Oficial Mayor del consejo, Víctor Gerardo Carreón Rodríguez.

Estas personas ya eran señaladas por la fiscal Genny Franco Martínez desde que se consignó el expediente para solicitar las órdenes de aprehensión contra 31 personas pertenecientes al FCCT, el 24 de agosto pasado.

“De los hechos citados, se desprende la existencia de una organización encabezada por al menos 4 directivos del Conacyt (Cabrero Mendoza, Tagüeña Parga, García Junco Machado y Carreón Rodríguez), así como por miembros del Foro, en su mayoría nombrados por el propio Director General del Conacyt, que curiosamente desempeñaban las funciones de los cargos conferidos dentro de la estructura del FCCyT, organización en la que también participaron al menos 23 directivos del Conacyt”, indicó la fiscal en aquel momento.

Es importante solicitar la detención de los indiciados debido a que las penas máximas aplicables generan una gran motivación de fuga, como señala la fiscal Franco en el documento: “Otro aspecto a considerar es el máximo de la pena que eventualmente se pudiera imponer. La pena que, eventualmente, podría imponerse a los imputados, constituye un factor que hace suponer que se podrían sustraer de la acción de la justicia”.

La denuncia que originó la investigación por parte de la FGR surgió de la actual dirección del Conacyt que, al revisar los reportes de la FCCT, detectó que se había constituido como una estructura paralela que distaba mucho de la labor principal de Conacyt, hecho que corroboraron recientemente unas de las personas indiciadas en entrevista para un medio, donde reconocieron realizar principalmente labores de “asesoría” y eventos de la comunidad científica.

Fue por esta razón que la actual directora de Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, decidió retirar los fondos que se le otorgaban al FCCT y proceder a denunciar las probables conductas delictivas de los involucrados, como es obligación de todo servidor público al tener conocimiento de tales hechos.

Ante esto, la dirección del FCCT interpuso un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mismo que fue desechado por notoriamente improcedente, resuelto sin entrar al reconocimiento de la legalidad de los movimientos del presupuesto realizados por el Foro.

Al respecto, el titular de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo), Alfredo Higuera Bernal aclaró que “no se trata de ningún atentado, ninguna persecución contra la comunidad científica ni contra el sector académico, esto es simplemente un asunto estrictamente jurídico de naturaleza penal donde el Ministerio Público está buscando cumplir con su misión, que es investigar y sancionar los delitos”.