Colectivos señalaron que la nueva posición de la CNDH sigue siendo en favor de las instituciones victimarias y no de las víctimas.
La CNDH salió a defender su controvertida Recomendación 208VG/2026 tras el amplio rechazo que provocó entre organismos de derechos humanos, expertos y colectivos de víctimas, quienes la acusaron de favorecer a las Fuerzas Armadas y debilitar los avances alcanzados en casi 12 años de investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
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En respuesta, el organismo encabezado por Rosario Piedra Ibarra negó haber exonerado al Ejército y atribuyó las críticas a una campaña de desprestigio, una postura que profundiza el choque con organizaciones que consideran que la institución ha abandonado su papel como contrapeso del poder.

CNDH rechaza haber exonerado al Ejército
A través del pronunciamiento “Verdades y Mentiras de la Recomendación 208VG/2026”, la Comisión sostuvo que es “falso” afirmar que su resolución pretendiera blindar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), pues aseguró que una recomendación no tiene facultades para absolver o condenar a persona alguna, ya que esa función corresponde al Ministerio Público y a los tribunales.

El organismo afirmó que, tras revisar el expediente, únicamente encontró posibles conductas individuales de algunos militares, pero no elementos que acrediten una responsabilidad institucional del Ejército en los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014. Incluso aseguró que no halló evidencia de un supuesto plan de contrainsurgencia o exterminio contra los estudiantes normalistas.

Además, rechazó las críticas por presuntamente ignorar los procesos penales abiertos contra militares. La Comisión afirmó que su recomendación sí aborda los casos de los elementos castrenses sujetos a proceso y que el seguimiento a esas investigaciones continúa como parte del cumplimiento de la recomendación emitida en 2018.

No obstante, esta explicación ha sido duramente cuestionada por especialistas y organizaciones civiles, quienes sostienen que el documento minimiza información previamente acreditada por tribunales nacionales, investigaciones ministeriales y los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Para el Centro Prodh, la recomendación representa un giro que termina por diluir la responsabilidad institucional de las Fuerzas Armadas, pese a que existen militares procesados y múltiples evidencias que mantienen abiertas líneas de investigación sobre la actuación castrense.
CNDH acusa campaña en su contra
Lejos de responder únicamente a los cuestionamientos jurídicos, la CNDH endureció el tono de su defensa y aseguró que existe una campaña coordinada para desacreditar su trabajo. En el documento afirma que las críticas carecen de pruebas, están sustentadas en documentos que califica como apócrifos y responden a intereses distintos a los de las víctimas.

La Comisión también arremetió contra organizaciones civiles, expertos internacionales y antiguos funcionarios vinculados con la investigación del caso, al cuestionar el trabajo del GIEI, de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) y de colectivos como el Centro Prodh, Tlachinollan, Serapaz y Fundar.
Incluso planteó la necesidad de investigar los recursos económicos que dichas organizaciones y abogados han recibido durante los años que ha permanecido abierto el caso Ayotzinapa.
Ese posicionamiento ha encendido nuevas alertas entre defensores de derechos humanos, quienes consideran que el discurso de la CNDH reproduce la narrativa utilizada desde el poder para desacreditar a organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales.

El Centro Prodh advirtió que el documento no sólo descalifica años de investigación independiente, sino que envía un mensaje preocupante al colocarse, según su valoración, más cerca de las instituciones señaladas por graves violaciones a derechos humanos que de las víctimas que continúan exigiendo verdad y justicia, profundizando así el deterioro de la autonomía y credibilidad del organismo.
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