La CNBV dio a conocer que se nombró a Gerardo Maldonado como liquidador de la casa de bolsa para conducir el proceso de extinción.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó las licencias de operación a Vector Casa de Bolsa y a su operadora de fondos de inversión, con lo que se formaliza la salida definitiva de esta institución del sistema financiero mexicano.
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La determinación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y se da en un contexto de fuertes señalamientos internacionales, luego de que en junio pasado el gobierno de Estados Unidos acusara a Vector, junto con CIBanco e Intercam, de facilitar operaciones de lavado de dinero vinculadas a organizaciones criminales.
De acuerdo con las autoridades financieras, la revocación se realizó a solicitud expresa de la propia institución, tras un proceso de análisis legal, financiero y operativo que concluyó que la petición cumplía con los requisitos previstos en la normatividad vigente
Vector solicitó la revocación de sus licencias a la CNBV
Según el decreto publicado en el DOF, Vector Casa de Bolsa presentó el 1 de diciembre de 2025 un escrito ante la CNBV en el que solicitó la revocación de su autorización para organizarse y operar como casa de bolsa, con fundamento en el artículo 154 de la Ley del Mercado de Valores.
El organismo supervisor detalló que, tras revisar la documentación entregada, se determinó que la solicitud se encontraba debidamente integrada y que, desde el punto de vista legal, financiero y operativo, era procedente resolver favorablemente la revocación.
En un segundo acuerdo, la CNBV informó que la operadora de fondos de inversión de Vector también pidió de manera directa el retiro de su licencia.
En ambos casos, la autoridad subrayó que el procedimiento cumplió formalmente con los requisitos legales y documentales establecidos.
Además, se designó a Gerardo Maldonado García como liquidador de la casa de bolsa, quien será el responsable de conducir el proceso de extinción y liquidación conforme a la ley.
Cabe recordar que, en octubre pasado, Vector anunció un acuerdo con Finamex Casa de Bolsa para transferir cuentas y activos, como parte de un proceso de salida ordenada del mercado.
En ese momento, la firma argumentó que, tras un análisis riguroso, la transferencia a una institución con más de cinco décadas de trayectoria y reconocida solvencia era la mejor alternativa para proteger a sus clientes y garantizar la continuidad de sus operaciones financieras.
Señalamientos de Estados Unidos y contexto internacional
La revocación de las licencias ocurre meses después de que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, concluyera que existían fundamentos razonables para determinar que Vector Casa de Bolsa facilitó operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico ilícito de opioides.
De acuerdo con el informe, las transacciones sospechosas se habrían realizado entre 2019 y 2023, periodo que coincide con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando Alfonso Romo, propietario de Vector, se desempeñó como jefe de la Oficina de la Presidencia.
El documento del Tesoro estadounidense señala que Vector habría formado parte de una red compleja de operaciones financieras transnacionales vinculadas al Cartel de Sinaloa y al Cartel del Golfo, en las que participaron mulas de dinero, empresas fachada y compañías extranjeras dedicadas al comercio encubierto de precursores químicos para la elaboración de fentanilo.
Entre los datos destacados, se menciona que una mula de dinero transfirió más de 1.5 millones de dólares a Vector y que, entre 2019 y 2021, se movieron más de 500 mil dólares adicionales mediante una empresa con sede en Estados Unidos.
FinCEN también documentó que, a inicios de 2021, Vector facilitó más de 17 millones de dólares en transferencias sospechosas a compañías con sede en China, algunas de ellas con antecedentes de envíos de precursores químicos a México.
Según el análisis, una de las estrategias recurrentes de las organizaciones criminales fue el uso de empresas fantasma para mezclar recursos ilícitos con flujos aparentemente legítimos, esquema en el que la institución financiera habría jugado un papel relevante.
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