Cambios Judiciales, Necesidad URGENTE

Por Miguel Ángel Lizama
@Migueliz8

El anuncio de un inminente cambio en el andamiaje legal del país, alienta las expectativas de que, al fin, se atienda la inmemorial sed de Justicia del pueblo de México. De variadas formas y desde hace tiempo, se ha expuesto la insuficiencia, ineficacia y corrupción de los aparatos de Procuración e Impartición de Justicia, Justicia hoy sólo accesible para quienes gozan de influencias, mucho dinero o son parte de alguno de los poderes constitucionales. El pueblo llano debe confiar sólo en las súplicas a la Virgen de Guadalupe o San Judas Tadeo. Y no es una ironía malvada, sino la realidad lacerante.

Durante 36 años los sucesivos gobiernos de México estuvieron armando unas estructuras legales que sirvieran a sus propósitos jamás expuestos ni explicados hasta que la gente comenzó a padecerlos en la vida diaria. Atendieron con diligencia las “recomendaciones” de organismos políticos internacionales con años de estudio en sus “Think tanks” para moldear países a su conveniencia, y empezaron a llenar la Constitución con parches que desvirtuaron su cometido social, para volverlo un adefesio de clara tendencia economicista. En consecuencia, cualquier aspiración popular quedaba automáticamente subordinada a “las fuerzas del mercado”, o sea, a la voluntad de los dueños de capitales y medios de producción, distribución y venta de bienes y servicios. Dicho de otro modo, se privatizó la Constitución y las leyes que de ella emanan.

Es de esperarse que, por principio de cuentas, se entienda que, a diferencia de Estados Unidos del que se pretendió mal copiar su estructura legal basada en la Common Law o sentido común, en México su raíz jurídica es el Derecho Romano, formalista, apegado a norma escrita (“si no está en la ley, no existe”) de la que no debe salirse, sin espacio para interpretaciones racionales, adaptadas a los cambios impuestos por la evolución social, pero que no pueden aplicarse hasta que conste por escrito en una norma aprobada y promulgada previamente. Se soslaya que EL DERECHO NO ES JUSTICIA, sino la vía para alcanzarla. Si no hay DERECHO EXPRESO O ESCRITO, NO HAY JUSTICIA. Así es en México, sin lugar a interpretaciones.

El problema es que “las interpretaciones” que ocasionalmente surgen de las altas esferas judiciales, sin previa norma escrita que la haya previsto, o por encima de la que estuviera vigente, siempre están condicionadas por su servicio al poder, político o económico que por lo general viven en simbiosis, o sea, son uno mismo que se retroalimentan. El caso más ilustrativo y lesivo para el bien público en favor del bien privado (el bancario, para más precisión), fue el tristemente célebre ANATOCISMO o usura, INTERÉS CAPITALIZADO PARA COBRAR MÁS INTERÉS, impuesto por orden de Ernesto Zedillo para proteger las utilidades de los bancos que debían enviar a sus matrices extranjeras. La norma escrita largamente vigente, expresamente prohibía la usura, pero los ministros de la Corte inapelable hicieron a un lado tal disposición para, con malabares supuestamente teóricos, complacer al Presidente y su servilismo a los bancos. Y ése es el Estado de Derecho neoliberal actual vigente en México.

Cuando el ciudadano tiene alguna necesidad o una queja y acude a la autoridad investida de capacidad para atenderlo, en las llamadas “Ventanillas de Atención”, o “Barandillas” en el caso de Procuración de Justicia, se topa con una Justicia Mocha, no ciega porque ve bien de quién se trata, sino tullida por falta de un ordenamiento específico para su caso. Como no está previsto en la ley, no se puede hacer nada “fuera de la ley”. Hay mucha Legalidad y nada de Justicia.

La conveniencia tecnocrática no sólo quitó gravedad e importancia a delitos lesivos al patrimonio y a la Hacienda Pública, sino que convirtió un axioma del Derecho Civil (“quien acusa debe probar”) en obligación general para quitar responsabilidad a los legalmente encargados de perseguir delitos, pues cuenta para ello con todos los elementos técnicos y coercitivos necesarios para recabar evidencias suficientes y llevarlas ante un juez. Para alentar sus saqueos, los tecnócratas impusieron la carga de la prueba a los quejosos denunciantes, obligando al ciudadano común a investigar (sin facultades ni facilidades para ello) y juntar pruebas que los responsables de hacerlo deciden si aceptarlas o no.

Aunado a lo anterior y como consecuencia de la Iniciativa Mérida, Felipe Calderón impuso un Nuevo Sistema Penal Acusatorio mal copiado de los gringos, que hasta el momento no funciona debidamente a pesar de todo el dinero público que se ha invertido para construir y equipar nuevas instalaciones, así como para “preparar” nuevos jueces que llevan años en adiestramiento/capacitación y no logran manejar sus procedimientos para impartir Justicia, por haber sido formados en un esquema totalmente distinto (Derecho sajón vs. Derecho romano).

Esta incompatibilidad, no sólo en teoría, sino en mentalidad, ha ocasionado más injusticias que las supuestamente combatidas. La “Presunción de Inocencia” dio origen a una “puerta giratoria” que permite a presuntos delincuentes, aun atrapados en flagrancia, salir libres para reincidir en su delito o silenciar a sus víctimas o acusadores. Policías se quejan de que ellos atrapan pillos, para que los jueces sólo los liberen. Sin costumbre de respeto a los Derechos Humanos, en México hay muchas violaciones al Debido Proceso que ponen en la calle a transgresores sin enfrentar su juicio. Mucho respeto a la Ley, pero ignorancia total de la Justicia.

Esperemos que los cambios que se vayan a intentar tomen en cuenta la inveterada AUSENCIA DE JUSTICIA, el imperio de la Corrupción y lacras padecidas durante años de neoliberalismo saqueador, así como la disparidad legal entre México y Estados Unidos, a fin de olvidarse de la Iniciativa Mérida o armonizar sus diferencias de origen y práctica o, de plano, diseñar un nuevo esquema jurídico y entramado legal que prevea la evolución social, que avanza a contratiempo y más rápido que las previsiones y acciones legislativas, cuyo ejercicio actual se enfoca más en minucias sectoriales que en relevancias generales.