Buen Gobierno aplicó castigos que van de amonestaciones y suspensiones a inhabilitaciones de hasta 20 años y multas millonarias.
La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno informó de la sanción a 39 servidores públicos por faltas graves halladas en varias dependencias.
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Dependiendo del nivel de responsabilidad y el impacto presupuestal de la falta, se aplicaron tres niveles de consecuencias:
- Inhabilitaciones temporales que impiden a los involucrados ejercer cualquier cargo en el servicio público por periodos que van de los 1 a los 10 años.
- Destituciones y amonestaciones de sus puestos actuales y, en los casos menos severos, llamadas de atención con copia a su expediente laboral (amonestaciones públicas o privadas).
- Sanciones económicas: Multas destinadas a resarcir el daño patrimonial causado al erario.
Buen Gobierno inhabilita funcionarios por faltas graves
Buen Gobierno, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (Femcc), informó de las sanciones administrativas impuestas a 39 servidores públicos por la comisión de faltas tanto graves como no graves.
En lo referente a faltas graves, se determinaron sanciones firmes contra 14 servidores públicos. Estas conductas están directamente vinculadas a desvío de recursos, cohecho, desobediencia o abuso de funciones.
En cuanto a faltas no graves, la dependencia amonestó a 25 empleados gubernamentales, principalmente por negligencia administrativa, omisiones en sus declaraciones patrimoniales o incumplimiento de los manuales de organización.
¿Qué omisiones graves halló Buen Gobierno?
El castigo económico más alto corresponde a cuatro exfuncionarios de la CFE, quienes recibieron una multa solidaria por 1 mil 192 millones 500 mil pesos e inhabilitaciones de 10 y 20 años. La sanción deriva de la contratación, en 2017, de la adquisición e instalación de 82 mil optimizadores de tensión que no eran necesarios para la prestación del suministro eléctrico.
En otra omisión relevante, Buen Gobierno reveló que en el SAT se registró un caso por la emisión fuera de plazo de un crédito fiscal por 205 millones de pesos por ISR, IVA, recargos y multas en Quintana Roo durante 2018. La dependencia precisó que la sanción fue una suspensión de 90 días para Rubén D., adscrito a la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo.
En el IMSS, José R., del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Puebla, fue inhabilitado por 10 años por obtener un beneficio económico de 152 mil pesos por la venta de 182 guías del servicio de mensajería en 2020 y Guadalupe H., del órgano desconcentrado en Celaya, Guanajuato, fue inhabilitada por un año por exigir y obtener 15 mil pesos fuera de su remuneración ese mismo año.
La SEP concentró otro expediente grave: Francisco O., del Tecnológico Nacional de México en Culiacán, Sinaloa, recibió inhabilitación por 10 años y una sanción económica de 82 mil pesos por recibir un doble pago en 2021, uno por plaza de estructura de 130 mil pesos y otro por honorarios de 286 mil pesos.
En SHCP-INDAABIN, Carlos M., de la Administración Región Golfo Centro, fue inhabilitado por ocho años y sancionado con 4.9 millones de pesos por realizar depósitos a su cuenta personal por ese mismo monto y no devolver un vehículo en 2019.
En el Banco del Bienestar, Esmeralda O., de la sucursal de Villahermosa, Tabasco, recibió 10 años de inhabilitación y multa de 62 mil pesos por hacer una conciliación con información no verídica en 2023.
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