México en compañía de otros gobiernos de AL y España aseguraron que EU no puede disfrazar un secuestro de Estado como litigio penal.
México en conjunto con otros gobierno de América Latina así como en compañía del gobierno de España emitió un pronunciamiento en el que acusan al gobierno de Estados Unidos de violar y destruir todo el orden establecido con base a las soberanías de las naciones y el derecho internacional por la invasión y bombarderos contra Venezuela, así como el secuestro de su presidente, Nicolás Maduro.
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La crisis venezolana escaló a un punto de quiebre geopolítico luego de la incursión militar de Estados Unidos en Caracas, operación que incluyó bombardeos selectivos, el secuestro y traslado forzoso del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, así como el control declarado sobre la infraestructura petrolera del país.
Lejos de un proceso interno de transición, se trató de una acción militar extranjera que, según el derecho internacional, viola abiertamente la soberanía de un Estado miembro de la ONU y sienta un precedente alarmante para América Latina.
Brasil, Chile, Colombia y Uruguay condenan acciones militares unilaterales
El episodio, que Washington celebró como un “golpe a la corrupción”, fue leído por gobiernos latinoamericanos como una invasión encubierta bajo narrativa judicial, con un trasfondo energético y económico inocultable: el petróleo.
Desde Bogotá, la Cancillería colombiana divulgó un comunicado suscrito por Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España, en el que se rechaza “cualquier intento de control, administración o apropiación externa” de recursos estratégicos venezolanos.
El documento expresa preocupación por la estabilidad regional y subraya que la salida a la crisis debe darse con respeto a la voluntad popular y sin injerencias. Sin embargo, el contexto que rodea el pronunciamiento deja claro que el rechazo no es sólo diplomático, sino moral y político: los firmantes condenan un acto que consideran una ruptura del orden hemisférico impuesto por la fuerza.
Los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia y Uruguay, países con distintas sensibilidades ideológicas dentro del espectro de la izquierda pero unidos en la defensa del principio de no intervención–¿, cuestionaron con dureza la operación estadunidense.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva calificó la incursión como un “acto irresponsable de militarización geopolítica”, mientras que Gustavo Petro advirtió que ningún país del continente puede aceptar la “diplomacia de los misiles” como mecanismo de resolución de disputas.
Chile y Uruguay, a través de sus ministerios de Exteriores, señalaron que la detención de un jefe de Estado en funciones mediante una acción militar, sin notificación al Congreso estadunidense ni aval multilateral, constituye una violación flagrante a los principios democráticos y al derecho internacional.
Además, alertaron que la narrativa de imputar a Maduro por narcotráfico y terrorismo en una corte extranjera, en este caso Nueva York, sin un proceso previo de cooperación judicial bilateral, confirma que el objetivo no es la justicia, sino la legitimación de un control externo.
España y México fijan postura conjunta con AL
España y México, en sintonía con América Latina, endurecieron el tono de su posicionamiento.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el gobierno español insistieron en que la solución debe construirse desde dentro de Venezuela, respetando todas las expresiones de la sociedad civil y los cauces institucionales.
México recordó que la captura de un mandatario mediante bombardeos no puede considerarse un acto de “liberación”, sino un secuestro de Estado disfrazado de litigio penal.
España, por su parte, expresó que el control de recursos naturales por actores externos, admitido por el propio Donald Trump, quien declaró que el objetivo central es el dominio del petróleo, el mayor del mundo en reservas probadas, no sólo transgrede tratados, sino que revive prácticas neocoloniales que parecían desterradas de la región.
El bloque de seis países coincidió en solicitar la intervención urgente de la ONU y mecanismos de verificación internacional.
En contraste, aliados históricos de Caracas como Rusia, China, Irán y Cuba exigieron la “liberación inmediata” de Maduro, reforzando el aislamiento diplomático de Washington en un continente que, por primera vez en décadas, respondió unido a un acto de agresión militar directa.
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