La iniciativa de Reforma Electoral, propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, anunciada esta mañana pretende democratizar el sistema electoral y modificar sustancialmente la composición de las Cámaras de de Diputados y Senadores, así como los congresos locales, por medio de la reducción del número de diputados federales y locales, así como de senadores, además de la desaparición de los organismos electorales locales y convirtiendo al Instituto Nacional Electoral (INE) en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), reduciendo de 11 a 7 los consejeros.

Con lo anterior, además de una reducción en el financiamiento a los partidos políticos, se obtendría un ahorro de 24 mil millones de pesos, es decir: se lograría una mayor eficiencia, una representación más sensata y un costo del proceso electoral más acorde a la realidad nacional.

“En esta parte de la modificación de las autoridades electorales, del número de representantes, de legisladores, de ayuntamientos, nosotros sostenemos que con éste va a tener el país un ahorro aproximado de 24 mil millones de pesos, son los cálculos que tenemos, derivado del gasto que se hace en este momento en estas actividades. También, el financiamiento a los partidos estará modificado para garantizar que el financiamiento público se dé exclusivamente para campañas electorales, haciendo también un mecanismo que evite que las burocracias partidarias tengan, dispongan de recursos todos los años, todos los meses, como actualmente sucede”, dijo Horacio Duarte, durante su participación en la conferencia mañanera de este jueves.

La iniciativa contempla también que tanto los consejeros electorales, como los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sean elegidos de entre varios postulantes que cuenten con los conocimientos requeridos, pero que además sean de una indiscutible buena fama pública y de incuestionable honestidad.

En cuanto al financiamiento a partidos políticos, se plantea que, si bien se mantenga la misma fórmula actual de la distribución del financiamiento público, estos ya no se entreguen para las actividades ordinarias, tales como su plantilla laboral e inmuebles, como sucede ahora, sino que los recursos solamente sean entregados durante la temporada de elecciones y que la operación cotidiana de los institutos políticos sea financiada directamente por sus militantes y simpatizantes, pero siempre apegados a la ley y transparentando el origen de los recursos recibidos.

“El objetivo es reducir el alto costo que los partidos políticos representan al erario y obligarlos a convertirse en instituciones autosostenibles mediante esas aportaciones, legalmente vigiladas. El financiamiento público se mantendría solamente para el gasto de campañas durante la contienda electoral”, señala el documento.

En cuanto a la obtención de recursos privados, se estipula que tanto para las actividades ordinarias de los partidos como para sufragar sus gastos de campaña se tienen que identificar y reportar la fuente de todo recurso obtenido, sin exceder los topes señalados en la legislación, con las condicionantes de que los recursos provistos no serán deducibles de impuestos y se prohibirá que una misma persona física done en un año calendario a más de un partido o candidatura independiente.

La desaparición de las OPLES está plenamente justificada por el hecho de que el INE ha ido ejerciendo cada vez más su facultad de atracción sobre las funciones de los OPLES, “al grado de realizar o verificar prácticamente todas las actividades significativas que corresponden formalmente a dichos órganos, salvo la investigación y sustanciación de quejas; el registro de candidatos, cómputos y declaración de validez”. En ese sentido, asegura que “contar con una autoridad administrativa única abonará a dar mayor certeza y a armonizar los procesos electorales y de participación ciudadana”.

Con esto se pretende federalizar las elecciones y que el INEC se auxilie de órganos electorales temporales durante las épocas de elecciones “que concentren las funciones que han sido fragmentadas en innumerables unidades administrativas, a efecto de contar con la estructura indispensable para garantizar las funciones asignadas en la legislación”.

“En conclusión, al hacer del INEC una instancia única y verdaderamente nacional con funciones claramente delineadas, se fortalece nuestro sistema democrático, lo que brinda a la ciudadanía y los partidos políticos mayor certeza jurídica, claridad en los procesos y eficiencia en el desarrollo de funciones. Lo anterior unifica la toma de decisiones en distintos procesos relacionados y garantiza su correcto desarrollo, además se dejarían de erogar cuantiosos recursos que actualmente se gastan en las estructuras de los órganos electorales”, se lee en el documento.

En lo que respecta a la selección de candidatos para la elección de consejeros delINEC y magistrados del TEPJF, la reforma plantea que sean las Cámaras de Diputados y Senadores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la persona titular del Ejecutivo Federal los que presentan las candidaturas y que “el voto popular decida la integración de la Sala Superior del TEPJF y del Consejo General del INEC”.

“Dichos cargos serán ocupados por un periodo de seis años improrrogable. La jornada electiva para definir a las personas titulares de estos órganos se celebraría el primer domingo de agosto, cada seis años, con excepción de la primera jornada electiva”, señala el texto.

La iniciativa explica que, a convocatoria de la Cámara de Diputados, cada uno de los Poderes de la Unión, “postulará a 20 personas de manera paritaria para la integración del Consejo General del INEC, y a 10, para las magistraturas. En ambos casos el INEC organizaría el proceso electivo” y, una vez efectuada la jornada de votación, el INEC realizará los cómputos de la elección y los comunicará a la Cámara que corresponda para que ésta realice y publique la suma y ésta a su vez la remitirá a la Suprema Corte, que tendrá la facultad de resolver las impugnaciones, calificar el proceso y declarar sus resultados.

“Para la integración del INEC, se elegirán a siete personas consejeras y presidirá el organismo aquélla que haya obtenido la mayor votación. En lo que respecta a la Sala Superior del TEPJF, se elegirán también a siete personas magistradas; la presidencia se definirá por elección de sus integrantes y se ocupará por un periodo de dos años”, detalla la iniciativa.

La Reforma Electoral propone, además, ​​un método de elección que “busca mejorar la representación ciudadana depositada en las Cámaras del Congreso de la Unión con la reducción del número de sus integrantes y su elección mediante una sola lista por entidad federativa”, con lo que la Cámara de Diputados quedaría conformada por 300 curules, es decir, una reducción de 200 diputados y el Senado pasaría de 128 a 96 escaños, en una elección a través del sistema de listas por entidad federativa, lo cual “obligaría a las personas candidatas a hacer campaña territorial”.

A pesar de que se mantiene la regla histórica mexicana según la cual toda entidad federativa debe contar con al menos dos diputaciones, para el número de curules de cada entidad, se dividirá el número total de mexicanos, fijado conforme al último censo general de población, entre las 300 diputaciones, ese resultado será el cociente de distribución, es decir la base para asignar el número de diputaciones que corresponderá a cada entidad federativa.

El Senado a su vez se integrará con tres senadurías por cada entidad federativa, para un total de 96 escaños, elegidos también por lista, mediante cociente natural y resto mayor, mientras que, para los congresos locales, se propone establecer topes en la definición de sus integrantes para que el número de representantes en las legislaturas estatales estados no exceda las 15 diputaciones en aquellas entidades federativas cuya población sea menor a 1 millón de personas, y por cada 500 mil habitantes adicionales, podrá incrementarse en un diputado o diputada hasta un máximo de 45 diputadas y diputados.