Ernesto Ruffo ya había enfrentado controversias públicas durante y después de su administración como gobernador de Baja California.
Luego de que se hiciera pública a investigación que enfrenta el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, dirigentes del PAN y de Somos México calificaron el proceso como un caso de persecución política.
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Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que la indagatoria se deriva de la presunta comisión de delitos específicos y no de la actividad política del exmandatario panista.
De acuerdo con la dependencia, un juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva contra Ernesto “N” y otros imputados por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando.
La FGR precisó que durante la audiencia presentó cerca de un centenar de datos de prueba para sustentar la imputación, mientras que la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para que se determine la situación jurídica de los acusados.
La institución también subrayó que la prisión preventiva constituye únicamente una medida cautelar y recordó que todas las personas imputadas gozan de la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia condenatoria.
¿De qué acusan a Ernesto Ruffo?
Según la Fiscalía, la investigación está relacionada con un supuesto esquema de contrabando de hidrocarburos mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas con el objetivo de evadir impuestos.
La dependencia sostiene que estas conductas habrían provocado un daño económico al Estado mexicano y, presuntamente, representado una fuente de financiamiento para organizaciones criminales.
El proceso judicial permanece en curso y corresponderá a los tribunales determinar si existen elementos suficientes para acreditar los delitos imputados.
En respuesta, dirigentes del PAN y de Somos México han sostenido que el caso representa un intento de persecución política contra uno de los principales referentes históricos del panismo.
🔴“Ernesto Ruffo es un preso político”, asegura Kenia López Rabadán.
La presidenta de la Cámara de Diputados recuerda que fue el primer gobernador de oposición y afirma que “forjó nuestra democracia”.
El ex gobernador de Baja California se mantiene en prisión preventiva; mañana… pic.twitter.com/7JMA5OnHWQ
— Azucena Uresti (@azucenau) July 20, 2026
No obstante, hasta ahora la FGR ha presentado el asunto como una investigación penal sustentada en hechos que considera constitutivos de delito, por lo que será el Poder Judicial el encargado de valorar las pruebas ofrecidas por las partes.
Controversias anteriores de Ruffo
La investigación actual ocurre en un contexto en el que Ernesto Ruffo Appel ya había enfrentado diversas controversias públicas durante y después de su administración como gobernador de Baja California entre 1989 y 1995.
Diversas publicaciones periodísticas de la época, entre ellas los semanarios Proceso y Zeta, difundieron señalamientos sobre un presunto acuerdo entre autoridades estatales y el Cartel de los Arellano Félix para mantener una supuesta “paz” en la entidad.
Ruffo rechazó de manera reiterada esas versiones y negó haber sostenido cualquier pacto con la organización criminal.
Asimismo, investigaciones históricas y testimonios citados en distintos trabajos académicos señalaron que el mayor crecimiento del Cartel de los Arellano Félix coincidió con el periodo en que Ruffo encabezó el gobierno estatal.
Entre esos documentos también se menciona una carta del entonces embajador Ignacio Morales Lechuga, quien cuestionó la estrategia de seguridad implementada en ese sexenio y formuló acusaciones sobre una presunta permisividad hacia el grupo criminal.
Tales señalamientos fueron rechazados por el exgobernador.
Especialistas en derecho han señalado que, independientemente del debate político generado por el caso, corresponde a las autoridades ministeriales investigar posibles delitos y a los tribunales resolver la responsabilidad penal de los imputados con base en las pruebas presentadas durante el proceso.
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