La defensa de Ernesto Ruffo promovió un amparo tras su detención, al denunciar posibles actos de tortura, incomunicación y violaciones a sus derechos.
La defensa de Ernesto Ruffo Appel promovió una demanda de amparo tras su detención, al denunciar presuntas violaciones a sus derechos, entre ellas privación ilegal de la libertad, incomunicación, tortura y malos tratos. El recurso fue presentado ante un juzgado federal con sede en Ensenada, donde ya fue admitido y se concedió una suspensión para frenar cualquier afectación a su integridad.
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De acuerdo con el expediente, radicado en el Juzgado Séptimo de Distrito en Baja California bajo el número 764/2026, los abogados del exmandatario buscan garantizar que cesen de inmediato cualquier acto que contravenga el artículo 22, el cual prohíbe penas inusitadas o tratos crueles. La demanda fue interpuesta mientras Ruffo Appel era trasladado de Ensenada a Tijuana y posteriormente a la Ciudad de México.
Defensa de Ernesto Ruffo denuncia tortura
En el documento presentado ante el Poder Judicial, la defensa legal sostiene que su cliente podría estar siendo víctima de actos que vulneran su integridad física y psicológica. Por ello, solicitaron la intervención urgente de un juez federal para evitar cualquier abuso por parte de las autoridades señaladas como responsables.
La autoridad mencionada en el recurso es la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR). El juzgador, al admitir la demanda, otorgó la suspensión de plano, lo que implica que, de existir los actos denunciados, estos deben detenerse de inmediato mientras se resuelve el fondo del asunto.
¿De qué se acusa a Ruffo Appel?
Según se tiene, Ernesto Ruffo Appel es investigado por su presunta participación en una red de huachicol fiscal vinculada al aseguramiento de grandes volúmenes de hidrocarburo ilícito en Ramos Arizpe, Coahuila, ocurrido en julio de 2025. Según las autoridades federales, esta organización habría generado un daño al erario superior a los cuatro mil millones de pesos entre enero y julio de ese año.
De acuerdo con la FGR, la estructura operaba mediante la importación irregular de gasolina y diésel desde Texas, declarando únicamente una fracción del volumen real transportado en carros tanque ferroviarios. Posteriormente, el combustible era distribuido en pipas hacia distintas regiones del país.
La fiscal Ernestina Godoy calificó el caso como la mayor red de contrabando de combustible detectada hasta ahora. Asimismo, señaló que la investigación permitió ubicar el origen de la operación en una empresa relacionada con servicios portuarios, presuntamente fundada por el exgobernador.
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Autor: Irving Sánchez/@irvingsannz
