Noboa aprobó leyes que amplían sus facultades para declarar conflictos armados y otorgar indultos a militares involucrados en abusos.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fue blanco de críticas internacionales tras la difusión de un video en el que militares detienen violentamente a varios menores de edad en el sector Las Malvinas, en Guayaquil.
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En la grabación, captada en diciembre de 2024, se observa cómo soldados persiguen a los adolescentes, los someten en la vía pública y los suben por la fuerza a una camioneta militar.
Uno de los jóvenes recibe golpes mientras es empujado al vehículo; otro permanece boca abajo en la parte trasera.
Tiempo después, los menores fueron hallados sin vida en la zona de Taura, en uno de los casos más graves de presuntas violaciones a los derechos humanos registradas desde que el mandatario declaró la guerra al crimen organizado.
En diciembre de 2025, un tribunal condenó a 11 de los 17 soldados acusados a más de 34 años de prisión.
Para la Fiscalía ecuatoriana, el material audiovisual permitió reconstruir el momento en que las víctimas quedaron bajo custodia militar antes de desaparecer.
Sin embargo, organismos internacionales advierten que el episodio no es aislado. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU expresó recientemente su “profunda preocupación” por el marco institucional y las prácticas de seguridad implementadas en Ecuador desde que Noboa declaró la guerra al narcotráfico en enero de 2024.
La ONU alertó que entre 2024 y 2025 se documentó la desaparición forzada de al menos 51 personas, incluidos niños y adolescentes, presuntamente a manos de fuerzas del orden y militares durante operativos de seguridad.
El organismo también señaló deficiencias en los mecanismos de búsqueda y localización de menores desaparecidos, así como el uso limitado de la llamada Alerta Emilia.
Noboa copia guerra de Calderón en Ecuador
La estrategia de “mano dura” de Noboa comenzó tras una serie de hechos violentos que sacudieron al país, entre ellos motines carcelarios, fugas de líderes criminales, atentados y la irrupción armada en un canal de televisión.
El mandatario designó a 22 bandas criminales como organizaciones terroristas y autorizó a las fuerzas armadas a “neutralizarlas”.
Aunque el gobierno reportó inicialmente una reducción de homicidios durante 2024, el escenario cambió rápidamente.
Ecuador cerró 2025 con una tasa de 50.1 homicidios por cada 100 mil habitantes, la más alta de su historia reciente, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.
Tan solo en el primer semestre de ese año se registraron 4 mil 619 asesinatos, un incremento de 47 por ciento respecto al mismo periodo de 2024.
Las cifras del Ministerio del Interior apuntan a que la violencia continúa al alza. Entre enero y abril de 2026 se contabilizaron 2 mil 778 homicidios, equivalentes a un promedio de 23 asesinatos diarios.
Académicos y organismos internacionales han comparado la estrategia de Noboa con la “guerra contra el narcotráfico” implementada en México por el expresidente Felipe Calderón.
Durante ese sexenio, los homicidios dolosos aumentaron 85 por ciento y las desapariciones se multiplicaron en el contexto de la militarización de la seguridad pública.
Los investigadores Salvador Maldonado Aranda y Juan Fernando Vera Cabrera sostienen que la política de mano dura en Ecuador ha derivado en un deterioro de los derechos humanos sin desmantelar las redes criminales.
Aseguran que la militarización y los estados de excepción solo ofrecen resultados temporales, mientras las organizaciones delictivas se adaptan o trasladan sus operaciones.
Aumenta población penitenciaria en Ecuador
Uno de los mayores desafíos para el gobierno ecuatoriano sigue siendo el sistema penitenciario. Informes de Crisis Group advierten que las cárceles permanecen bajo control de facto de grupos criminales, que operan redes de extorsión, tráfico y violencia desde el interior de los penales.
La población penitenciaria pasó de 11 mil personas en 2009 a casi 40 mil en 2021, principalmente por delitos relacionados con drogas.
Analistas consideran que este aumento refleja el endurecimiento de políticas punitivas que no han logrado contener la expansión del crimen organizado.
A ello se suma la aprobación de nuevas leyes que amplían las facultades del presidente para declarar conflictos armados internos y otorgar indultos a militares involucrados en abusos durante operativos.
Pese al despliegue militar, la cocaína continúa saliendo en grandes cantidades desde los puertos ecuatorianos hacia Estados Unidos y Europa.
Mientras tanto, comunidades pobres de la costa del Pacífico permanecen atrapadas entre grupos criminales y operativos de seguridad, en un escenario que especialistas comparan cada vez más con el vivido por México durante la guerra contra el narcotráfico.
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