Claudia Sheinbaum reflexionó sobre reabrir carpetas contra Fox o EPN por hechos ocurridos en San Salvador Atenco en mayo de 2006.
La presidenta Claudia Sheinbaum no descartó que puedan reabrirse carpetas de investigación relacionadas con los hechos violentos ocurridos en San Salvador Atenco en 2006, pero que el objetivo principal es la justicia social, restauración de tierras y derechos de agua.
TE PUEDE INTERESAR:
¿Qué pasa en Chilapa? Harfuch confirma desplazados por disputa de Ardillos y Tlacos
“¿Qué responsabilidad tenemos como gobierno federal? Los plaNes de justicia, la restauración de tierras. Recientemente estuvimos con el pueblo Yaqui, el pueblo Seri, se devolvieron tierras. Se están destinando recursos para que haya escuelas caminos. Todo lo necesario, pero sobre todo la reivindicación del artículo 2°”, recordó.
La mandataria explicó que, en caso de que el análisis jurídico lo justifique, su administración podría promover la reapertura de indagatorias vinculadas a posibles responsabilidades de ex funcionarios como Enrique Peña Nieto, Vicente Fox o Felipe Calderón.
“En el caso que consideremos que tiene que abrirse nuevamente una investigación y le corresponda al Gobierno Federal hacer una solicitud, también se hace”, señaló.
Ante pregunta de Sin Línea MX en la Mañanera, agregó que, si el asunto compete directamente a la Fiscalía General de la República, será esa instancia la encargada de determinar las acciones correspondientes dentro de su autonomía.
“Si no, le corresponde a la Fiscalía General de la República, que es parte del proceso de los planes de justicia”, puntualizó.
Plan de Justicia para Atenco y enfoque del gobierno federal
La postura se dio luego de la presentación del Plan de Justicia para Atenco y la Montaña, presentada por la doctora Sheinbaum.
El plan busca atender demandas históricas de comunidades del Estado de México, en particular la restitución de tierras, el acceso al agua y el fortalecimiento de derechos de pueblos originarios.
La Presidenta subrayó que estos programas forman parte de una política de reparación social y territorial dirigida a comunidades campesinas e indígenas afectadas por conflictos agrarios y proyectos de infraestructura en décadas anteriores.
Durante el evento realizado el 3 de mayo, la titular del Poder Ejecutivo firmó un acuerdo para devolver 81 parcelas equivalentes a 54.4 hectáreas al ejido social.
Ante integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), refirió a los eventos ocurridos hace 20 años, cuando comunidades que se opusieron a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional en Texcoco, fueron reprimidas.
“Hoy, 20 años después de la represión, regresamos 54 hectáreas al ejido de Atenco”, enfatizó.
Contexto del caso y exigencias de justicia
En mayo de 2006, fuerzas federales, estatales y municipales realizaron un operativo contra integrantes del FPDT.
Durante la intervención se registraron detenciones masivas, denuncias de violencia sexual, agresiones y la muerte de los jóvenes Alexis Benhumea y Francisco Javier Cortés, hechos que posteriormente fueron documentados por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
A lo largo de los años, el FPDT ha exigido justicia, sanciones a responsables y la revisión de la cadena de mando del operativo, señalando responsabilidades políticas en los gobiernos de la época.
El día del evento presidencial en el pueblo de Atenco, el frente recordó ni el ex presidente Vicente Fox (2000-2006) y el gobernador mexiquense en turno Enrique Peña Nieto (2005-2011).
“El mayo rojo sigue sin castigo. Ninguno de los represores ha pisado la cárcel. Ningún violador o asesino ha sido juzgado. Ningún autor intelectual ha sido condenado. Desde el asesino confeso Enrique Peña Nieto o los panistas de mano dura Vicente Fox y Felipe Calderón, pasando por los señores de Texcoco, hasta los altos mandos policíacos”, expresó el FPDT en comunicado.
Antes de los hechos de mayo de 2006, autoridades del Estado de México ya habían endurecido su discurso contra el movimiento social en Atenco.
En junio de 2002, el entonces procurador mexiquense Alfonso Navarrete Prida afirmó que se preparaban acciones penales contra ejidatarios vinculados a la oposición al proyecto aeroportuario.
El funcionario señaló que existían averiguaciones previas por delitos como lesiones, privación ilegal de la libertad y daños a vías de comunicación.
Aseguró que los hechos no correspondían únicamente a una defensa de la tierra.
Sostuvo que también formaban parte de un “movimiento político” con participación de organizaciones externas.
No olvides seguirnos en FACEBOOK, X, INSTAGRAM, YOUTUBE y TIKTOK
