Esta es la primera vez que EU solicita la detención de funcionarios mexicanos con protección constitucional, como Rubén Rocha.
Funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) informaron que Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y el exalcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, ya no cuentan con fuero constitucional, por lo que pueden ser citados a comparecer ante el Ministerio Público Federal (MPF).
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Ambos son señalados por el gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa.
La medida se produce luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) formalizara la solicitud de la fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York para la detención de 10 mexicanos, entre los que también figura el senador Enrique Inzunza.
A partir de ello, la FGR inició la integración de una investigación propia por los delitos imputados en territorio estadounidense, relacionados con presuntos nexos con la facción del cártel encabezada por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, El Chapito.
Rubén Rocha ya puede ser citado a declarar
De acuerdo con funcionarios federales, la pérdida del fuero abre la posibilidad de que Rocha Moya y Gámez Mendívil sean llamados a declarar o incluso detenidos, como parte de las indagatorias en curso.
La solicitud de extradición enviada por Estados Unidos no requiere, en esta etapa, la presentación de pruebas, sino únicamente la descripción del delito, datos de identificación del reclamado y su localización, según han señalado especialistas en derecho.
En este contexto, litigantes como Marco del Toro Carazo han subrayado que el tratado de extradición entre México y Estados Unidos presenta vacíos legales, particularmente en lo referente a la exigencia de evidencia para sustentar las solicitudes de detención provisional.
Asimismo, autoridades explicaron que dichos vacíos han impedido en otros casos procesar penalmente a funcionarios con fuero, siendo el del senador Inzunza uno de los pocos que aún se encuentra bajo esta protección constitucional.
Fuero político protege a la función y no a la persona
El coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar, sostuvo que la inmunidad procesal no es un privilegio personal, sino una garantía vinculada al ejercicio del cargo público.
“El fuero protege a la función, no a la persona. Quien obtiene una licencia ya no ejerce la función, por tanto, puede ser detenida como cualquier persona, pues ya no goza de la inmunidad procesal”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).
Este criterio marca un precedente en el contexto actual, ya que es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos solicita la detención de funcionarios mexicanos en funciones o con licencia que aún conservaban protección constitucional.
En casos anteriores, como los de los exgobernadores Mario Villanueva, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, las solicitudes de extradición se realizaron una vez que ya habían concluido sus mandatos y, por tanto, no contaban con fuero.
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