EU asegura tener una política directa contra los grupos delictivos pero en lo oscuro su economía pacta con dichas organizaciones.
Mientras The New York Times expone una presunta cadena de suministro contaminada por economías criminales, Estados Unidos (EU) mantiene de forma paralela una política frontal contra el narcotráfico que incluye acusaciones judiciales y sanciones internacionales.
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Esta semana, autoridades estadounidenses señalaron a tres funcionarios mexicanos y otros seis personajes por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa en operaciones ilícitas, reforzando su narrativa de combate al crimen organizado.
Sin embargo, el reportaje revela una contradicción estructural: el propio sistema comercial estadounidense estaría absorbiendo metales preciosos provenientes de territorios donde operan grupos criminales.
En ese contexto, la investigación ubica a la United States Mint como un eslabón clave en un circuito donde el origen del oro se diluye hasta volverse irreconocible.
El mercado de monedas de oro en EU representa miles de millones de dólares anuales y depende, en teoría, de la garantía de que el metal es extraído dentro del país.
No obstante, auditorías internas citadas por el diario indican que dicha condición no se cumple estrictamente en la práctica. A pesar de advertencias reiteradas durante años, las fallas en los controles de trazabilidad han permitido que el sistema continúe operando sin cambios sustanciales.
Esta situación cobra relevancia en medio de un escenario internacional donde EU busca posicionarse como líder en la lucha contra actividades de los carteles de la droga, al tiempo que su propia cadena de suministro podría estar integrando recursos vinculados a esas mismas economías.
EU compraría desde hace años oro ligado a los cárteles
La investigación periodística documenta que el oro que termina en monedas oficiales de EU puede tener su origen en regiones de América Latina donde la minería ilegal está controlada por organizaciones criminales.
En estos territorios, grupos como el Clan del Golfo dominan la extracción del metal y establecen mecanismos de cobro y control sobre la actividad.
Posteriormente, el oro es vendido a intermediarios que lo registran como producción legal. Este paso resulta clave, ya que permite su exportación formal hacia refinerías internacionales. Una vez ahí, el metal se funde con oro de diversas procedencias, eliminando cualquier rastro de su origen inicial.
De acuerdo con el reportaje, este proceso facilita que el oro cambie de estatus en cada etapa de la cadena, hasta convertirse en un producto que puede ser comercializado como “100% estadounidense”. En ese punto, ni los compradores ni las instituciones pueden verificar con certeza su procedencia real.
Durante al menos dos décadas, la Casa de Moneda de EU no exigió a sus proveedores información detallada sobre el origen del oro. Auditorías oficiales detectaron la falta de controles suficientes para garantizar el cumplimiento de la ley que establece que las monedas deben elaborarse con metal extraído dentro del país.
A pesar de estos hallazgos, el modelo continuó operando. El sistema permite considerar como “americano” el oro que ha sido procesado en refinerías ubicadas en EU, sin importar si su origen está ligado a zonas bajo control criminal.
Tras la publicación del reportaje, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que revisará las prácticas de adquisición de oro y reconoció que el suministro incluye metal extranjero. No obstante, hasta ahora no se han anunciado cambios concretos en los mecanismos de trazabilidad.
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