Para evadir el pago a Hacienda, Elba Esther Gordillo alegaba que los gastos en cuestión se realizaron en representación del SNTE.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó que la exlíder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, pague más de 19 millones a Hacienda.
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Esta resolución proviene del recurso que interpuso la maestra y que aceptó la exministra Norma Piña, para anular una sentencia previa que la obligaba a pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por ingresos millonarios reportados en sus cuentas.
La autoridad hacendaria detectó ingresos no declarados en los ejercicios fiscales de 2008 y 2009. Estos ingresos corresponden a depósitos bancarios y pagos a tarjetas de crédito y servicios que no fueron justificados como sueldos o salarios.
Ante tal solicitud, Hacienda interpuso un recurso de reclamación, argumentando que la SCJN no debía aceptar lo promovido por Elba Esther Gordillo, ya que el caso no involucraba una interpretación real de la Constitución, sino simplemente un tema de impuestos y pruebas.
Elba Esther Gordillo debe pagar 19 mdp a Hacienda
La SCJN ratificó la sentencia que obliga a Elba Esther a pagar 19 millones 269 mil 323 pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por concepto de ISR.
El proyecto fue presentado por la ministra Lenia Batres Guadarrama, resolviendo el recurso de reclamación interpuesto por la Secretaría de Hacienda. El Pleno de la Corte, por unanimidad, determinó que no existen temas de constitucionalidad que deban revisarse, dejando firme la sentencia previa que le negaba el amparo. Con esto, se agotan las instancias para evitar el pago de este crédito fiscal.
La Corte concluyó que los depósitos en sus cuentas y los pagos de sus tarjetas personales durante esos años deben pagar impuestos, ya que la exdirigente no pudo probar legalmente que ese dinero fuera propiedad del sindicato.
Para evadir el pago, Elba Esther Gordillo alegaba que esos gastos se realizaron en representación del SNTE. Sin embargo, la justicia determinó que ella tenía la obligación de conservar la documentación que acreditara dicha representación y, al no presentarla, los depósitos se consideran ingresos gravables.
La SCJN debe notificar formalmente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y al SAT sobre el sentido de la resolución. Esto significa que la sentencia ya es firme y obligatoria.
Cabe señalar que, si la maestra Gordillo no realiza el pago de manera voluntaria en los plazos legales, el SAT tiene la facultad de iniciar un Procedimiento Administrativo de Ejecución que incluye el embargo de cuentas bancarias y/o de bienes inmuebles o propiedades para rematarlos y cubrir el adeudo fiscal.
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