Pese a exigir al Congreso un aumento presupuestario del 85%, Alessandra Rojo no precisó qué parte la destinaría a sus propuestas.
En medio de un clima político crispado, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, acudió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México para solicitar un incremento del 85 por ciento al presupuesto de la demarcación para 2026.
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Aunque la edil argumentó que su petición responde a una “realidad operativa” ignorada presuntamente por el actual modelo de financiamiento, su comparecencia estuvo marcada por tensiones, protestas y cuestionamientos que dejaron ver las inconsistencias de su administración y las dificultades para justificar un aumento de tal magnitud.
La irrupción de legisladoras de Morena, quienes colocaron carteles detrás de la alcaldesa, así como la reacción inmediata de diputadas y diputados del PAN que desplegaron pancartas en defensa de Rojo de la Vega, evidenció una sesión ríspida y de cuestionamientos mutuos.
Alessandra Rojo pide aumento del 85% en presupuesto
Entre discursos, señalamientos y argumentos a medias, la alcaldesa insistió en que su solicitud no es “un capricho”, pero dejó abiertas dudas sobre la eficiencia con la que ha manejado el presupuesto actual y la pertinencia de pedir casi el doble de recursos en un contexto de alta presión presupuestal en la capital.
La alcaldesa solicitó elevar el presupuesto de los 4 mil 152 millones aprobados para 2025 a un monto que representaría un crecimiento del 85 por ciento. Según su exposición, la Cuauhtémoc “no puede presupuestarse como si fuera una alcaldía pequeña”, pues aunque tiene alrededor de 580 mil habitantes, diariamente recibe entre 3 y 5 millones de personas que trabajan, estudian o transitan por la demarcación.
Sin embargo, Rojo de la Vega presentó sus argumentos sin profundizar en cómo su administración ha optimizado los recursos existentes ni en por qué, pese a asegurar avances en seguridad y servicios urbanos, sería indispensable un aumento tan amplio. Destacó un supuesto avance del 90 por ciento del presupuesto ejercido al 15 de noviembre y responsabilizó al gobierno central de presiones en nómina derivadas de basificaciones o reubicaciones.
En materia de seguridad, afirmó que destinó cerca de 278 millones de pesos y que los delitos de alto impacto disminuyeron. Aun así, evitó precisar qué parte del presupuesto adicional se enfocaría en nuevas estrategias o cómo se evaluarían los resultados anunciados.
Otros rubros, como el mantenimiento urbano, luminarias, recolección de residuos o rehabilitación vehicular, fueron presentados como necesidades “documentadas”, pero la alcaldesa no aclaró por qué esos requerimientos no pudieron atenderse con el recurso vigente, ni presentó informes independientes que respaldaran la urgencia del incremento.
“Es adecuado a la realidad de la alcaldía”
Frente a críticas de legisladores de Morena y cuestionamientos sobre el manejo de programas sociales, tótems urbanos o bacheo, Rojo de la Vega se defendió asegurando que su propuesta de presupuesto es “adecuada a la realidad de la alcaldía”. Presentó los tótems como infraestructura instalada sin costo y justificó acciones de bacheo emergente pese a que no contaba con suministro de asfalto.
También acusó que la demarcación arrastra más de 78 millones de pesos en adeudos heredados, por lo que pidió recursos del capítulo 7000 para saldarlos. No obstante, omitió explicar cómo su gobierno planea evitar que dicha deuda continúe creciendo o cuáles fueron los avances de su administración para sanear las finanzas locales.
Durante la comparecencia, las tensiones crecieron cuando diputadas de Morena exhibieron carteles con la leyenda “Bloque negro cobra en la Cuauhtémoc”, mientras panistas respondieron con pancartas que acusaban al oficialismo de “narcogobierno”. La presidenta de la Comisión, Valentina Batres, permitió la protesta argumentando que no podía censurar a un grupo y no al otro.
En su cierre, Rojo de la Vega denunció que su micrófono fue silenciado “por pasarse del tiempo” e insinuó censura política. Aun así, su defensa dejó más preguntas que respuestas sobre la pertinencia, viabilidad y sustento técnico del incremento solicitado, especialmente en una administración que aún enfrenta cuestionamientos sobre manejo presupuestal, programas poco transparentes y decisiones polémicas como la estancia y posterior retiro de estatuas de Fidel Castro y Che Guevara.
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