Loret aseguró que Sheinbaum es “cómplice” del gobierno anterior por no deslindarse de la política de “abrazos, no balazos”.
En su más reciente columna para El Universal, Carlos Loret de Mola lanzó una acusación grave y sin fundamento contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al sugerir que actúa como “publirrelacionista” del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, a partir de declaraciones hechas por el abogado de Ovidio Guzmán, sin aportar una sola prueba concreta.
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Aunque Loret reconoce que “no hay hasta el momento evidencia” de que Sheinbaum o su gabinete tengan vínculos con el crimen organizado, dedica el resto de su texto a construir una narrativa especulativa que da por buena esa misma acusación.
La columna se apoya en el argumento de que Sheinbaum es “cómplice” del gobierno anterior por no deslindarse de la política de “abrazos, no balazos” del expresidente Andrés Maunel López Obrador.
Pero de ahí, Loret da un salto lógico riesgoso: convertir esa continuidad política en complicidad criminal, como si no tomar distancia pública de una estrategia de seguridad fuera prueba suficiente de vínculos con el narcotráfico.
Ni el Departamento del Tesoro, ni la DEA, ni agencias de inteligencia estadounidenses han presentado evidencia que relacione a Sheinbaum con el crimen organizado, mucho menos que sugiera que encabeza una “narcopresidencia”. Al contrario, durante su gestión han aumentado las extradiciones, los decomisos y la persecución de laboratorios clandestinos.
Loret señala que Sheinbaum es “cómplice” del narcogobierno de AMLO
El texto de Loret de Mola, más que ofrecer información nueva o comprobable, recicla insinuaciones para instalar una percepción negativa. No se trata de periodismo de investigación ni de análisis profundo, sino de una opinión personal convertida en estrategia de ataque político, que trivializa las verdaderas conexiones que sí deben investigarse y probarse rigurosamente.
Utilizar como punto central una frase dicha en un tribunal por un abogado defensor, cuya función es justamente desacreditar al Estado mexicano, y luego usar esa frase para reforzar una acusación pública sin pruebas, no solo es débil en términos argumentativos, sino peligroso en una democracia.
El debate sobre la política de seguridad debe ser abordado con datos, análisis y rendición de cuentas, no con ataques basados en conjeturas. Si hay errores, contradicciones o continuidades cuestionables en la política actual, es legítimo señalarlos ante las autoridades correspondientes. Pero confundir crítica con calumnia solo polariza más y pone en riesgo la seriedad del periodismo.
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